Julio César de la Rosa.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) solicitó al nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, dejar sin efecto la adjudicación para la construcción del proyecto vial Corredor Duarte II, por haber sido otorgada de manera irregular con el único interés de favorecer a la empresa que ejecuto la etapa correspondiente al Corredor Duarte I, otorgado también de manera irregular, mediante una licitación pública nacional, cuando mandaba una licitación pública internacional, como lo establecen la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas y el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centro América y la República Dominicana.
ADOCCO, dijo que el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, el día 9 de febrero del 2011 anunció la licitación del “Corredor Duarte II” correspondiente a la segunda parte de ese proyecto vial, el cual permitiría el descongestionamiento vehicular en el Distrito Nacional en dirección norte-sur, el proyecto contará con cuatro sistemas de túneles abiertos en las avenidas Tiradentes, Winston Churchill, Máximo Gómez y Abraham Lincoln, el costo ha sido fijado entre 180 a 200 millones de dólares.
“Para sorpresa nuestra que estuvimos monitoreando los llamados a licitación para la construcción del proyecto, lo que no fue posible localizar el día 23 de noviembre del 2011, aparece la información de que el corredor Duarte II había sido licitado y adjudicado a la empresa brasileña Odebrecht, sin precisar la fecha cuando fue licitado el proyecto ni cuáles empresas participaron junto a la beneficiada”.
Para el Coordinador General de la entidad de la sociedad civil, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, constituye una franca violación de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Centro América y República Dominicana, que establece el compromiso de realizar en todas las obras de infraestructura que sobrepase los 6 millones 75 mil dólares la realización de una licitación pública internacional, a fin de darle participación a las empresas nacionales de los países firmantes del DR-CAFTA, de lo que estamos poniendo en conocimiento al embajador de los Estados Unidos Raúl Yzaguirre para que tomen carta en el asunto.
