Los desastrosos resultados de la multimillonaria inversión estatal en la instrucción básica pública, asombrosamente, provocan menos indignación en la opinión pública que la violencia callejera u otros temas sociales, mientras el sindicato de los maestros luce cada vez menos comprometido con mejorar sus índices de desempeño.
La más reciente muestra de que el gremialismo profesoral únicamente se preocupa por el aspecto laboral en su relación con el Ministerio de Educación es que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) justifica recortar el horario de clases y rehúsa continuar la instrucción en planteles públicos hasta el día 23 de diciembre antes de las vacaciones navideñas.
Este lunes el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo Abreu, justificó su desafío a las directrices del ministerio alegando que “aspectos culturales y antropológicos del dominicano no permiten que en la época de diciembre se concluyan las clases el día 23” y que “se ha tenido que recortar horario, no por adelantar vacaciones, sino porque se requiere tiempo de almuerzo, merienda, desayuno y otras necesidades”.
Increíblemente el martes Educación accedió y concluirán el día 21.
Hidalgo Abreu es un veterano maestro de 58 años, dirigente del opositor Partido de la Liberación Dominicana, que fue diputado por Santo Domingo Este, aunque es francomacorisano por nacimiento y se crió en Herrera; presidió la ADP anteriormente de 2012 al 2015.
La inversión
Tras una campaña feroz por entidades de la sociedad civil, auspiciados en parte por la Embajada de los Estados Unidos y grupos empresariales locales, reclamando que un equivalente al 4 % del PIB fuese dedicado al gasto en instrucción pública básica, desde hace diez años el Ministerio de Educación recibe la mayor asignación presupuestal de todos los departamentos del Gobierno, que en 2022 ascendió a RD$231,148 millones, un 17.8 % más que en 2020.
La extraordinaria suma implica unas expectativas de resultados que son traicionados por las pruebas nacionales y las mediciones internacionales, según las cuales los más de dos millones de estudiantes dominicanos están entre los peores en el ranking de aprendizaje de matemáticas y otras materias, por debajo de países socioeconómicamente tan atrasados como Nicaragua o Paraguay.
La evaluación mundial PISA y la latinoamericana ERCE 2019 revelan que apenas el 7 % de los alumnos de tercero de básica logran dominio aceptable de las matemáticas, porcentaje que se reduce a un penoso 2 % en el sexto curso de primaria. En otras palabras, de poco menos de 190,000 niños, sólo 4,200 logran calificación suficiente para aprobar con el conocimiento requerido (aun cuando sean promovidos de curso).
PISA es la muestra internacional que auspicia la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entidad fundada hace sesenta años para diseñar políticas públicas, que evalúa de manera sistemática cada tres años las destrezas y conocimientos adquiridos tras completar el ciclo de básica y media de la educación obligatoria en 80 naciones.
¿Qué han hecho?
Tan grave como el inexplicable desperdicio de tan enorme cantidad de recursos durante más de una década, dedicado por varios gobiernos mayormente a la construcción de escuelas y a compras que están siendo cuestionadas e investigadas por el Ministerio Público, es que el gremio que agrupa a los maestros de escuela muestra igual o peor falta de destrezas que sus estudiantes.
Quien poco sabe, ¿qué puede enseñar? Sin embargo, en lugar de convertirse en aliados de las autoridades, los centros educativos privados y las entidades que promueven la mejoría en la calidad de la educación, los maestros y su sindicato han protagonizado innumerables paros y huelgas, poseen notorias ausencias y tardanzas para sus obligaciones y pocas veces cubren el currículo prescrito.
Las asociaciones privadas dedicadas a promover la educación, entre ellas EDUCA, realizan periódicamente seminarios y talleres en procura de mejorar la calidad de los maestros, pero al parecer hay poco interés por parte de la ADP.
En lugar de mejorar la enseñanza, recientemente discutieron la posibilidad de reducir las exigencias curriculares para permitir promover de curso a alumnos que deberían ser repitentes.
¿Qué hacer?
Los defensores del actual gobierno citan como muestra del compromiso del presidente Abinader con mejorar la educación el que despidiera al anterior ministro Roberto Fulcar, alto dirigente del PRM y uno de los jefes de campaña del gobernante, actualmente bajo investigación por denuncias de irregularidades en compras y asignaciones de contratos.
El actual ministro, Ángel Hernández, doctor en Educación por la Universidad de Grenoble en Francia y postgrados previos en INTEC, considerado experto en gestión universitaria y educación de adultos, ha enfrentado una despiadada resistencia al cambio en la institución, incluyendo amenazas de muerte por parte de suplidores investigados.
Sin embargo, todas las medidas gubernamentales quizás resulten insuficientes si los maestros, maleados por un sindicato más preocupado por cuestiones laborales que por la calidad y resultado de su trabajo, continúan manifestando una desvergonzada falta de compromiso con su misión.
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