Santo Domingo.- La orden del Ministerio de Administración Pública (MAP), para que todos los departamentos de Recursos Humanos del gobierno verifiquen que todo su personal paga la luz y el agua desata cuestionamientos por parte de abogados, mientras que algunos los empleados no condenan la iniciativa.
Según juristas la reciente disposición del MAP es contraria a la Constitución, al asegurar que los empleados tienen derecho a mantener en privado en que gastan su sueldo, aunque otros entienden lo contrario al entender que es una medida podría ser beneficiosa.
En tanto que representantes de la sociedad tienen dudas de la finalidad de la disposición que exige a los empleados presentar facturas de los servicios de luz y agua, al considerar que el gobierno debe prestar atención a otras cosas que consideran importantes.
Sin embargo, algunos empleados de instituciones públicas no se mostraron en contra de la ordenanza e indicaron estar listos para entregar sus facturas con los servicios al día. Según el ministro de Administración Pública, el objetivo principal de la circular es conocer el perfil de consumo, promover el pago de los servicios públicos, así como levantar información para diversas planificaciones y proyectos, para llevar un registro más preciso y facilitar la gestión administrativa.
La disposición establece además que las direcciones de recursos humanos de las instituciones del Estado tienen 15 días laborables para confirmar si los empleados poseen los contratos de ambos servicios.
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