SANTO DOMINGO.- La Coalición por los Derechos a la Vida advirtió este domingo que continuará su plan de lucha a favor de la aprobación del Código Penal con tres causales que permitan la interrupción del embarazo.
La dirigente feminista Mildred Matos denunció que las organizaciones religiosas que promueven que las relaciones de parejas son eternas están fomentando ideas que inciden en el incremento de los feminicidios.
Mediante una rueda de prensa realizada este domingo en ocasión de una asamblea, las integrantes de esta coalición afirmaron que luego de dos décadas de discusiones, sigue vigente el código aprobado en el país en 1884, como una copia del Código Napoleónico, que a su vez había sido aprobado en 1810.
“El enfoque planteado en ese momento hacia el aborto, hoy puede considerarse barbárico: dejar morir a una mujer, negarle atención médica y castigarla con cárcel, simplemente por verse en la necesidad de interrumpir un embarazo”, afirmó la Coalición.
En ese sentido, manifestaron que gracias al arduo trabajo de movilización, información, diálogo y creación de consciencia que han realizado como Coalición, hoy la mayoría de la población dominicana entiende y apoya la necesidad de despenalizar el aborto al menos en los casos de las tres causales: cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando se trata de un embarazo inviable y cuando el embarazo es producto de una violación o incesto.
“Por eso hoy queremos reiterarle a la clase política que se niega a legislar garantizando lo mínimo que exige la decencia humana, la sensatez y sentido común, que nos tendrán de frente y activas, alzando la voz por cada mujer que vive el trauma de un embarazo que pone en riesgo su vida; por cada mujer que debe cargar dentro de sí una criatura natimuerta por la negación del sistema a realizarle el procedimiento médico que requiere; por cada mujer y niña que, víctima de una violación o incesto, se ve obligada a llevar un embarazo forzoso”, indicó la Coalición por la Vida, la Salud y los Derechos de las Mujeres.
Agregó que en el contexto de las elecciones que se aproximan, “le decimos a los actores políticos que se preparen, porque las mujeres pasaremos factura. Seguiremos luchando, seguiremos exigiendo, cada vez con más fuerza, hasta garantizar la vida, la salud y la dignidad de cada dominicana.”
Finalmente, manifestaron que seguirán cuanto tiempo se necesario exigiendo justicia para Esperancita, quien fue sometida a tortura y murió por negarle un aborto frente a un embarazo que ponía en riesgo su salud y su vida. “Seguiremos recordando a Winifer, a Carmen y a tantas más que ni la prensa y las estadísticas registran, pero que han sufrido solas y en silencio”, expresaron.
El panorama actual de las mujeres y niñas dominicanas
Se recuerda que hoy la mayoría de los países del mundo reconocen que este abordaje penal es injusto e inefectivo, y contemplan el aborto como un procedimiento médico legal y accesible a las mujeres dentro de ciertos plazos o bajo ciertas circunstancias. En cambio, en la República Dominicana la criminalización absoluta del aborto se traduce en la negación de atención médica a miles de mujeres, adolescentes y niñas, especialmente en casos de situaciones extremas, lo que provoca muertes y sufrimientos innecesarios para innumerables familias.
Múltiples organismos internacionales han alertado sobre la necesidad de cambiar este marco legal. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha establecido que el respeto por el derecho a la salud de las mujeres requiere la despenalización del aborto, por lo menos en ciertas circunstancias. Igualmente, el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ha establecido que las leyes que restringen el aborto pueden constituir una violación del derecho a la no discriminación. Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha demostrado que la falta de acceso a una atención para el aborto segura, asequible, humana y oportuna pone en riesgo el bienestar físico, mental y social de las mujeres y las niñas.
Cuando en 2014 el Congreso dominicano aprobó un proyecto de Código Penal que, en franca negación de derechos, mantenía el mismo abordaje hacia al aborto que el Código Napoleónico, surgió esta Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres.
Su primer triunfo fue lograr que el entonces presidente, Danilo Medina, observara ese proyecto de Código y lo devolviera al Congreso, entre otras cosas porque no incluía en el tema del aborto “las excepciones que, por poner en riesgo la salud, la vida, dignidad humana y la integridad psíquica y moral de la mujer embarazada, serán eximente de responsabilidad penal”.