SANTO DOMINGO. – El consultor eléctrico, ingeniero Bernardo Castellanos, adelantó este domingo que debido a lo que definió como “ilegal eliminación” de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), el aumento de la tarifa por el consumo de energía luce inminente.
“Los planes del gobierno es traspasar los 38 contratos de compra de energía a las distribuidoras, algunos con precios sumamente altos, lo que provocará un incremento en las facturaciones a los usuarios del servicio eléctrico”, refirió.
Dijo que ante esa situación, a la Superintendencia de Electricidad no le quedará otro camino que autorizar un aumento tarifario, lo que afectará negativamente a la clase de menores ingresos y si no el gobierno tendrá que buscar más dinero para las distribuidoras para cubrir el déficits y al final lo que están haciendo es concentrar en las distribuidoras todo ese déficits financiero y eso lo que da la impresión es de que están creando las condiciones ante opinión pública para presentar al estado como deficiente en el manejo de las distribuidoras y así justificar su paso al sector privado.
Adelantó que desde que se traspasen esos contratos a las distribuidoras, se producirá un aumento en las tarifas de consumo, porque hay algunos que consignan la venta de energía hasta de 20 centavos de dólar el kilovatio, “el doble a como las distribuidoras lo están comprando actualmente (a 11.5 centavos)”.
Castellanos externó estas consideraciones durante su comparecencia en el programa “Así Vamos, con Héctor Guzmán”, que se difunde cada domingo a las 10:00 AM por TRA Teleradio América, en el que observó que la CDEEE ha estado absorbiendo la diferencia de la compra de energía y la venta que hace a las distribuidoras”.
Lo que están haciendo es el cese de las operaciones comerciales de la CDEEE como tal, o sea, le están quitando todas las responsabilidades que justifican la creación de la CDEEE por la ley 125-01 y por la ley 394 -14 que definió funciones adicionales y especificas a la institución.
Ellos lo que le están es quitando esas funciones con el objetivo de que deje de operar comercial mente para justificar ante la opinión pública y de una manera mediática el traspaso ilegal de los 38 contratos que tiene la CDEEE con generadores privados, lo que tendría un efecto negativo devastador sobre las finanzas de las distribuidoras y un incremento en la tarifa de los usuarios del servicio eléctrico.
Inviabilidad del sector
“Actualmente el país tiene un sector eléctrico inviable, cuyo problema financiero radica en dos aspectos esenciales: las altas pérdidas y la reducción de inversión”, calculando la primera en un 38% en el primer trimestre de este año.
Respecto a la baja inversión, que rondaba el 74%, en el 2020, equivalente a unos US$62 millones, ahora se redujo a sólo US$15 millones.
Consideró que, para reducir las pérdidas de las distribuidoras, se necesita elevar sus ingresos, “pero para eso solo hay un camino: aplicar una inversión creciente y sostenida, de alrededor de US$1,500 millones”.
Subsidio astronómico
En sus consideraciones, Castellanos calculó que, de 2004 a la fecha, los recursos que tuvo que aportar el Estado en el sector eléctrico para cubrir el déficit generado, se sitúa en el orden de los US$22,000 millones.
Agregó que, en término financiero, lo anterior significa que en el problema eléctrico el pueblo dominicano ha tenido que invertir más de US$42 mil millones, “pero la crisis cada vez se agudiza más”.
En ese sentido, advirtió que el presupuesto de US$900 millones consignado en la Ley de Ingresos y Gastos de este año, se quedarán cortos, porque sólo en el primer trimestre de este año hubo de destinar unos US$250 millones.
La doble cara del actual ministro
Por otro lado, el ingeniero Castellanos criticó la doble cara que ha presentado el gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM), a través de su secretario de Asuntos energético y actual ministro de Energía y Minas, Antonio Reinoso.
Manifestó que cuando el PRM estaba en la oposición planteaba, como parte de los 10 puntos que pedían ser solucionados para firmar el pacto eléctrico en el 2019”, que el déficit de las distribuidoras no fuera mayor del 15% y el gasto corriente como máximo de un 10%.
“Pero por arte de magia, Antonio Reinoso y Andrés Astasio, (este último vicepresidente del Consejo Unificado de las Distribuidoras), han anunciado que estudian la posibilidad de aumentar la tarifa eléctrica a la población”, denunció.
En torno a los gastos corrientes, como porcentaje de los ingresos de las distribuidoras. Dijo que estos se encuentran en el mismo nivel del pasado 2020, en un 25%, lo que representa una diferencia, del 10% que planteaba Reinoso.
Esa diferencia, dijo, representan unos US$250 millones al año, para llegar a la meta que las autoridades han planteado, lo que entiende sólo se alcanzará disminuyendo el déficit, que son los que representan bajar alrededor del 75% en la nómina y el proveedor de energía.
Empero, aseguró que ahora lo que se observa es aumento en la nómina y la disminución de la inversión, “es decir, están haciendo todo lo contrario de lo que planteaban para reducir el déficit financiero de las distribuidoras”.
Consideró que el PRM nunca plantearon en la campaña electoral, la privatización del sector eléctrico como ahora lo están planteando, lo que a su parecer es igual a sacar una carta bajo la manga en un juego de póker “y lo están haciendo a cuentagotas, planteándole a la sociedad que se trata de un hecho consumado”.
“En ninguna parte del programa de gobierno del PRM aparece una alianza público-privada ni de fideicomiso en el sector eléctrico, o la eliminación de la CDEEE, sino que sólo hablaba de reorganizar”, precisó.
Punta Catalina
En otro aspecto de sus declaraciones Castellanos afirmó que, si hay algo en lo que la actual administración “ha enviado señales claras en el sector eléctrico, es que tiene la intención de traspasarlo al sector privado”.
Expresó su convencimiento de que el propósito de privatizar el sistema eléctrico estatal es que los empresarios particulares asuman el control de esos bienes, “porque el fideicomiso de Punta Catalina no es más que una manera de justificar su traspaso sea mediante una alianza público-privada, incluyendo las distribuidoras y las empresas generadoras al sector privado”.
Indicó que de Punta Catalina no se puede hablar de fideicomiso sin antes saber cuánto invirtió y el valor que tiene actualmente
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