Cabe preguntarse entonces cuál sería la opinión de quienes quisieron imponer las PASO en nuestro país, y que hoy reconocen la comisión de errores en la ley de partidos, si ahora que están en la oposición y que las encuestas no los colocan en el lugar puntero.
Así como las cortes constitucionales someten a un test de razonabilidad los textos legales, para decidir su apego con la Constitución, previo a aprobar una legislación, sobre todo cuando trate asuntos que inciden directamente en el juego democrático, debería sometérsele a la prueba de saber si lo que está proponiendo la mayoría de turno sería algo conveniente, aun cuando las circunstancias cambien, y ya no esté gobernando.
Ahora que es oposición el partido que durante varios períodos ocupó la posición de gobernante, es importante recordar el apasionamiento con que los líderes de la facción del entonces presidente promovieron una ley de partidos, especialmente para intentar convencer de que establecer primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las denominadas PASO, era la panacea, a pesar de las muchas críticas respecto de estas en Argentina, uno de los pocos países que las tienen.
Muchos sospechábamos que la virulencia en la defensa de las PASO era proporcional al interés que tenían sus impulsores de sobrepasar al anterior presidente del país y de ese partido, para que ante la imposibilidad constitucional de quien gobernaba de repostularse a un nuevo mandato, así como de los intentos de modificar la Constitución, un candidato de su facción no solo ganara el proceso interno, sino que el resultado de esas primarias se anunciara casi como el de una primera vuelta. Afortunadamente las PASO no pasaron, en gran medida gracias a la división que reinaba en dicho partido, y la ley votada simplemente contempló las primarias como una de las modalidades de elección de los candidatos por los partidos.
En medio de esta precampaña que ya alcanza las altas temperaturas de una campaña electoral, las expresiones de voceros de ese mismo partido que fueron feroces promotores de las PASO y de la Ley de Partidos 33-18, haciendo un mea culpa respecto de sus posiciones anteriores y agradeciendo que, el Tribunal Constitucional anulara muchas de sus disposiciones que hoy admiten como erróneas o desacertadas, se alinean con las opiniones del partido surgido de la escisión sufrida por este, por lo que paradójicamente la ley que ayer los dividió hoy los une.
Por coincidencia o guiño del destino las PASO fueron celebradas recientemente en Argentina y el vencedor sorpresa de estas, el candidato emergente de ultraderecha Milei, a dos meses y medio de las elecciones presidenciales pone en aprietos a los peronistas actualmente en el poder que en su momento aprobaron este sistema para resolver sus conflictos internos, y nuevamente reaviva el debate sobre el altísimo e innecesario costo de unas elecciones generales previas para seleccionar a los candidatos de los partidos.
Cabe preguntarse entonces cuál sería la opinión de quienes quisieron imponer las PASO en nuestro país, y que hoy reconocen la comisión de errores en la ley de partidos, si ahora que están en la oposición y que las encuestas no los colocan en el lugar puntero, seguirían queriendo celebrarlas, o quizás tratarían de derogar el mandato que las hubiera establecido, como se intentó también en Argentina y no se hizo por ausencia de la mayoría necesaria, la que tampoco tendrían; así como, qué estuviera sucediendo en el país, si además del alto costo de las campañas y las elecciones tuviéramos que asumir el de unas PASO para elegir candidatos presidenciales que los mismos partidos ya hace tiempo decidieron.
Es importante que aquellos que por servilismo, complacencia o intereses particulares se montaron en la ola de PASO, o no se atrevieron a opinar en contra de estas, así como toda la sociedad, los que nos opusimos y aquellos que ni siquiera se enteraron de que había ese debate, reflexionemos sobre el hecho de que no podemos continuar con la mala práctica de que leyes o decisiones se aprueben fundamentalmente por intereses políticos de turno, sin analizarlas a profundidad ni justificar su costo, lo que no solamente es reprochable porque el objetivo debe ser satisfacer lo que más convenga al país, sino porque reduce el marco legal al juego de “te quiero o no te quiero”, dando pasitos para adelante y otros para atrás, debilitando así la seguridad jurídica, la institucionalidad y la democracia.
