La excarcelación del exministro administrativo, José Ramón Peralta, tras muchos meses de privación de libertad o secuestro, es una excelente decisión del tribunal que se atrevió a contrariar los designios de los fiscales que llevan por pésimo rumbo la denominada operación Calamar.
La acusación contra Peralta se basa en una delación premiada incluida a posteriori en un expediente en que él nunca figuró, según han expresado sus abogados. El celo de la PEPCA y la fiscal adjunta para privar de libertad a los imputados de corrupción, en vez de juzgarlos mediante procesos pulcros y eficaces, es una flagrante demostración de lawfare que contradice el apoyo internacional al Gobierno en su lucha por adecentar del ejercicio del poder.
Ahora, según anhela y apoya la gran mayoría de la población, debe hacerse justicia con los juicios, que increíblemente no avanzan pese a la enormidad de recursos puestos a disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial. Violar los derechos constitucionales y procesales de cualquier imputado sin tener sentencia en firme es tan injusto e ilegal como condenar a un inocente. Los fiscales lo saben perfectamente.
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