SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), procederá a someter al coordinador del Gabinete de Política Social, Francisco Antonio Peña Guaba (Tony) ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por ser el único responsable del reparto monetario a un grupo de artistas, violando todos los procedimientos establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
A juicio del presidente de la entidad, Julio César De la Rosa, resulta imposible que el órgano que se apoderó luego del escandaloso acto, recomiende al único responsable del irregular reparto, que busque a los responsables del mismo, existiendo todas las evidencias de que se trató de un acto, dirigido por el coordinador de la entidad, como se puede apreciar en la entrega de los cheques a los artistas, de manera directa y personal, hecho admitido por Tony Peña Guaba, cuando se dirigió a los medios de comunicación, para anunciar que los fondos entregados, serían considerados como donación a los beneficiarios.
El vocero de Adocco informó que en el transcurso de la semana llevarán hasta la Pepca el expediente contentivo del acto irregular, donde figuran tanto Tony Peña Guaba, como el asesor del presidente de la república en materia artística, Engelbert Landolfi y el cantante y músico Fernando Antonio Cruz Cepeda (Bonny Cepeda), viceministro para la Descentralización y Coordinación Territorial del Ministerio de Cultura”. Concluyó el vocero de ADOCCO.
En la Resolución No. RIC-74-2021, dada a conocer el pasado lunes Contrataciones Públicas, solicitó al titular del GCPS, Francisco Antonio Peña Guaba, identificar y sancionar a los funcionarios responsables de ejecutar dicha contratación, tras asegurar que no se cumplió con el debido proceso administrativo y en violación a varios principios de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas.
“Los incumplimientos que han sido comprobados dan lugar a que proceda la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios involucrados en estos incumplimientos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, que establece: “Todo funcionario público que participe en los procesos de compra o contratación será responsable por los daños que por negligencia o dolo causare al patrimonio público, y será pasible de las sanciones contempladas en la presente ley y su reglamento”.
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