Áñez cumple 9 meses en prisión y su hija denunciará situación de exlíder
En ese sentido, Carolina Ribera, hija de Áñez, también se pronunció en redes sociales indicando que son nueve meses que "secuestraron" a su madre "de manera prepotente y violenta, sin citación previa, sin respetar sus derechos humanos".
LA PAZ.- La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez cumplió este lunes nueve meses de detención preventiva en una cárcel en La Paz, que a su juicio es una «prisión política», mientras que su hija también denunciará ante la comunidad internacional la situación de un exlíder cívico apresado este pasado fin de semana.
Un mensaje difundido en las redes sociales por familiares de la exmandataria recordó que Áñez cumple nueve meses de detención preventiva a la que calificaron de una «persecución política» y una «vulneración a sus derechos humanos».
«Son 275 días de prisión política. La imputan por terrorismo, sedición y conspiración, sin hechos probatorios», señala parte del mensaje que expresa que las «protestas» en 2019 surgieron en contra del «fraude electoral de Evo Morales y cómplices».
«Faltarán cárceles para tanta injusticia, pero jamás encarcelarán la verdad», finaliza el mensaje que está acompañado de etiquetas como #liberenaJeanine #liberenalosPresosPolíticos.
En ese sentido, Carolina Ribera, hija de Áñez, también se pronunció en redes sociales indicando que son nueve meses que «secuestraron» a su madre «de manera prepotente y violenta, sin citación previa, sin respetar sus derechos humanos».
Áñez se encuentra en el penal femenino de Miraflores en La Paz donde fue detenida inicialmente por el caso denominado «golpe de Estado» por hechos de la crisis política y social de 2019 bajo acusaciones de sedición, conspiración y terrorismo.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia indicó que su detención es por el caso denominado «golpe de Estado II» en el que es acusada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
La expresidenta transitoria fue encarcelada de forma preventiva el pasado 13 de marzo inicialmente por cuatro meses, más tarde el plazo se extendió a seis y luego se añadieron otros seis meses más por el caso «golpe de Estado II».
A finales de noviembre la Fiscalía presentó una acusación formal en contra de Áñez por esos delitos en el marco de aquel segundo proceso.
Áñez afirmó en una reciente audiencia para la cesación de su detención que el Gobierno de Luis Arce «mintió» en una reunión del Comité de la ONU Contra la Tortura (CAT) en noviembre pasado, en la que aseveró que ella no estaba presa por delitos como sedición o terrorismo.
En aquella reunión, el relator del CAT, Claude Heller, observó la aplicación de las acusaciones por sedición y terrorismo que asumió tanto el Gobierno interino de Áñez como de la actual Administración de Arce y que también consideró «fundamental» encarar una reforma judicial y revisar la aplicación de esos tipos penales.
El Gobierno boliviano considera que Áñez llegó al poder a través de un «golpe de Estado» en la crisis de 2019 en el que Evo Morales renunció a la Presidencia, mientras que la oposición argumenta que fue una sucesión tras la renuncia de las autoridades en línea de sucesión.
DENUNCIA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Ribera manifestó que acudirá a la comunidad internacional a organizaciones de derechos humanos y al europarlamento para hacer conocer la situación del exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, detenido preventivamente este fin de semana por la investigación en la que se lo acusa por la quema de un tribunal electoral departamental en 2019.
«Lo que hicieron a Marco Pumari es lo mismo que le hicieron a mi madre, la secuestraron, la sacaron de su casa en un operativo de miles de policías de manera abusiva (…) y le llevaron lejos para meterla presa y así aislarla para callar su voz», remarcó Ribera.
La hija de Áñez indicó que lo que está pasando en Bolivia es una copia de lo que sucede en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela «donde secuestran a personas que piensan diferente».
La Justicia de Bolivia determinó el fin de semana la detención preventiva de Pumari en la cárcel de Uncía en el norte del altiplánico departamento de Potosí por seis meses en el marco de la investigación de la quema de un tribunal electoral y daños a una patrulla policial.
Tras este hecho el Comité Cívico Potosinista (Concipo) determinó realizar un cabildo y una marcha el martes en respaldo al exlíder cívico quien también fue candidato a la Vicepresidencia.
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