Por Carolina Oleaga
SANTO DOMINGO.- El abogado y exministro de Comercio, Ángel Lockward, quien es mencionado en la nueva investigación de la PEPCA aseguró que las indagatorias de un supuesto desfalco están basadas en un informe falso de la Contraloría.
Aunque reconoció que representó a algunos de los propietarios de terrenos expropiados, cuyos contratos con el Estados son investigados por la PEPCA, Lockward aseguró fueron operaciones lícitas y que las indagatorias sobre un presunto desfalco están basadas en un supuesto informe falso de la Contraloría.
«Es penoso que se busquen orden judiciales con documentos falsos… No conozco a los funcionarios del gobierno, ninguno era mi amigo, con ninguno tenía relación, yo me limité a la labor de un abogado hacer que le paguen a su cliente», expresó el abogado Lockward.
Lockward insistió que no se puede hablar de un desfalco, ya que el Estado estaba obligado a pagar la propiedades, como ocurre con la parcela 613, expropiada desde 1955, para la edificación del Aeropuerto Las Américas.
El secretario de asuntos jurídicos del PLD, José Dantés, señaló que deben ser los tribunales de justicia y no la opinión pública, quienes determinen la responsabilidad de los exfuncionarios de su partido que están siendo investigados por el Ministerio Público.
Legisladores del Partido Fuerza del Pueblo destacaron la importancia de que quienes administren fondos públicos rindan cuentas.
«Todo el que administre cosas del estado, debe acudir a la justicia cuantas veces sea necesario, acudir por los mecanismos que son convocados», precisó Dioni Sánchez, vocero del bloque senadores de la Fuerza del Pueblo.
El diputado Rubén Maldonado dijo que «no puede haber vacas sagradas y todo el que cometió un delito debe acudir a la justicia y que la justicia aplique el peso de la ley».
Los congresistas además llamaron al partido de gobierno a no hacer un circo político con los exfuncionarios que son llamados a la justicia por supuestos casos de corrupción.
Los legisladores insistieron en que en cada investigación judicial se respete el debido proceso.
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