Después del sonado caso de la muerte de la joven embarazada Emely Peguero por el cual su autor, Marlon Martínez fue condenado y está cumpliendo sanción de treinta años, ningún otro había originado tanta indignada expectación pública como el asesinato de la abogada Anibel González.
El manejo de la justicia a lo largo de las diferentes fases del proceso de abuso y acoso de que fue víctima y que condujo al trágico final que segó su vida presenta tantas irregularidades e interrogantes que casi no se sabe por donde empezar.
Yendo al momento en que sufrió la agresión a cuchilladas por parte de su opresor, uno se pregunta ¿bajo que cuestionables argumentos legales, el tribunal que lo juzgó apenas lo condenó a seis años de prisión, siendo un caso que contaba con suficientes agravantes para una pena mucho mayor donde el Código Penal la establece hasta un máximo posible de treinta años, tratándose de un claro intento de homicidio con el antecedente de todo un prolongado episodio previo de abusos físicos y emocionales contra la acosada víctima?
¿Por qué se permitió que el tribunal que lo juzgó violentara el procedimiento celebrando el juicio de culpabilidad conjuntamente con el de la pena, cuando el Código Penal establece que debe hacerse por separado tal como advierten reconocidos juristas?
¿Cómo es posible que desde su celda se permitiera que el responsable continuara acosando a su ex pareja con decenas de amenazantes llamadas telefónicas diarias cuando supuestamente en los recintos carcelarios está prohibido el uso de los celulares? ¿Qué respuesta tienen para esta flagrante irregularidad las autoridades de la cárcel y la Dirección General de Prisiones? ¿Es que tampoco estaban al tanto del contenido de dichas llamadas?
¿Cómo se concibe que apenas un año y ocho meses más tarde, bajo un supuesto acuerdo que no encuentra espacio legal en los delitos de sangre, y menos cuando media un intento no consumado de feminicidio, de manera completamente irregular, se pusiera en libertad al futuro matador quien no perdió tiempo en llevar a cabo su amenaza contra la vida de Anibel?
¿Cómo es que no se tomó en consideración el perfil y el comportamiento pasado de Oscar Fernández para otorgarle la libertad, sin siquiera someterlo a una previa evaluación psiquiátrica?
¿Por qué cuando la fiscal Luz Almonte, quien tenía a su cargo el proceso, se retiró del tribunal advirtiendo que se sentía sorprendida en su buena fe por cuanto no estaba enterada del acuerdo de libertad anticipada y al notificarlo así a la Procuraduría y a otros titulares, no se tomaron de inmediato las previsiones de lugar?
En base a dicho informe ¿se llevó a cabo la investigación requerida por el director general de Persecución del Ministerio Público, Fernando Quezada, dada la forma que calificó de subrepticia e ilógica con que se instrumentó el acuerdo de libertad del matador desconociendo dicho funcionario quien había autorizado el citado acuerdo?
Seguramente hay más preguntas a la espera de respuestas en este caso en que a todas luces se encadenaron toda una serie de sospechosas circunstancias viciadas de ilegalidad, unas por acción y otras por omisión, que llevaron de la mano a una conclusión tan irreparable y trágica.
El caso de Anibel González es el de una víctima que confió en la Justicia y terminó siendo traicionada por ella, al convertirse en cómplice del hecho criminal que le segó la vida. Y tomándola como referencia, cabe preguntar ¿cuántas más casos como este, plagados de irregularidades, indiferencia, falta de responsabilidad y posible complicidad, han tenido lugar con mujeres de menor relevancia social víctimas de feminicidios que han pasado de largo sin dejar más huella que el luto provocado en el seno de sus familias?