ANJE hace sugerencias de mejorar al Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes

SANTO DOMINGO. - La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) participó el pasado jueves en las vistas públicas convocada por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes

Inmuebles y Desahucios.

En representación de ANJE, asistieron Boris De León, vicesecretario de la Junta Directiva y

co-coordinador de su Comisión de Justicia y Legislación, y Crystal Fiallo Scanlon, directora

ejecutiva, quienes expresaron la importancia de actualizar la normativa de Alquileres, que

posee más de cuatro décadas de vigencia.

Durante su participación en las Vistas, así como en la Matriz de Comentarios depositada por

ANJE, los representantes enfatizaron sobre el reto de estimular el desarrollo y aumentar la

oferta de inmuebles en alquiler en el país, así como el mandato constitucional de fomentar

la iniciativa privada y el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada, como elementos que

deben orientar los trabajos de la Comisión Especial que estudia el Proyecto de Ley.

“La propiedad privada, cuando se coloca en alquiler, se hace en una situación de riesgo”.

Para estimular la inversión y aumentar la oferta de inmuebles en alquiler, “debe garantizarse

la tutela judicial efectiva y oportuna” ante situaciones de conflictos entre inquilinos y

propietarios, procurando que sean resueltos en “no más de seis meses y permitiendo el uso

de cláusulas arbitrales”, destacó Boris De León.

La directora ejecutiva, Crystal Fiallo, dio lectura al documento depositado ante la Comisión

Especial, donde, entre otros aspectos, se propuso que los topes de reajuste de precios sólo apliquen en ausencia de estipulación contractual y que se garantice la ejecutoriedad

inmediata de las sentencias de primer grado, en todos los conflictos que surjan por falta de

pago o por la llegada del término del alquiler.

Con relación a los depósitos y garantías, Fiallo señaló que la organización recomienda

eliminar el tope de dos meses para contratos comerciales y crear un fondo de garantía en

una entidad financiera que genere intereses en favor del inquilino, en caso de que aplique la

devolución parcial o total al momento de finalizar el alquiler, entre otras sugerencias.