La privatización del sector eléctrico impuesta por el Banco Mundial y el FMI, impulsada por Leonel Fernández, aceptada por la cúpula del PRD y continuada por los gobiernos posteriores, ha tenido todas las características de un asalto del gran capital privado a la generación de energía y sus ganancias; sin que el subsidio estatal haya disminuido, sin reducción de costos, sin disminuir la contaminación y sin erradicar apagones.
Previamente se había deteriorado el estatismo clientelista y corrupto, vigente durante 35 años después de la tiranía de Trujillo, que resurgió parcialmente en las EDES luego de la estafa de Unión Fenosa, con los mismos vicios; generando una combinación nefasta para nuestra sociedad.
Alarma ahora que frente a ambos fracasos, el Gobierno PRM-Abinader, bajo control de las voraces elites capitalistas, se prepare para ampliar aun más la privatización de ese sector, a favor de los mismos grupos que han estafado al Estado.
La responsabilidad de esa determinación gubernamental ha sido asignada al actual Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, vinculado a uno de los grupos del capital privado con intereses en ese sector y recientemente cuestionado por su condición de contratista en la ampliación y remodelación de la cárcel de La Victoria, obra altamente sobrevalorada y con escandalosos vicios de construcción.
¿Cuáles son los graves problemas del sistema energético (mezclado con corrupción estatal) y cuáles sus causas y consecuencias bajo el esquema privatizador que dura ya 20 años.
1-Las enormes ganancias de las empresas privadas (extranjeras y criollas), los leoninos contratos con las empresas generadoras, el tristemente famoso “acuerdo de Madrid”, la aceptación de la estafa COGENTRIX, la tolerancia estatal a la sobrevaluación del costo de energía, la distorsión del subsidios convertidos en regalos a la ineficiencia y a la especulación del sector privado, la autorización de compra de electricidad a los generadoras sin pasar por las EDES…
2-La conversión de los apagones en un mecanismo de chantaje para el cobro privado al Estado, el bajo cobro a los grandes consumidores privados de energía (provocando la acumulación de enormes deudas no saldadas), la evasión de pago tolerada por el Estado a sus empresarios favoritos, las pérdidas crónicas en la distribución de energía a causas de la irresponsabilidad del sector público y privado…
3-Las violaciones a la ley concediéndole derecho a transmisión de electricidad a empresas privadas con fines especulativos…
¿Qué hacer frente a quienes pretenden profundizar y generalizar la privatización del ese sector estratégico para el desarrollo económico y social independiente del país?
Urge crear conciencia nacional en dirección a redefinir el sistema eléctrico como servicio público y el suministro de la energía eléctrica como un deber del Estado, a través de un nuevo modelo de propiedad, tecnología y gestión, que garantice el cese de los apagones, bajos costos producción, sanidad ambiental y precios accesibles a toda la sociedad.
Esto exige:
- Desprivatizar el sector, recuperando las empresas públicas privatizadas y nacionalizando progresivamente los negocios relacionados con la generación de energía dentro del sistema.
- Eliminar los contratos leoninos y obligar en el contexto de la recuperación de la propiedad pública a compensar al Estado y a la sociedad de las estafas de que han sido víctimas.
- Erradicar el lucro, el beneficio, las ganancias privadas en el manejo de las empresas eléctricas.
- Bajar los costos de operaciones y reducirlos aceleradamente mediante una reestructuración tecnológica y administrativa, lo que implica un esfuerzo persistente de carácter social en favor de fuentes alternas de energía que no dañen el ambiente.
- Integrar vertical y horizontalmente todas las vertientes del sistema (generación, transmisión, distribución y cobro) en un gran consorcio público democráticamente controlado, poniéndole fin a la división impuesta por el Banco Mundial.
- Crear un nuevo modelo de gestión, que preservando el carácter público y social del sector impida toda práctica clientelista y toda corrupción en su sistema de administración; incorporando la contabilidad abierta, la administración por concurso y la cogestión entre el Estado, los trabajadores y la ciudadanía, así como formas de autogestión.