REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Basta visitar las alcaldías, comandancias, y funerarias de los pueblos para encontrarlos. Los médicos también los reconocen, en privado. Pero el gobierno no los quiere ver. Se niega a documentarlos.
Pero en las últimas tres semanas el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) ha identificado 47 casos de muertes relacionadas al huracán María, adicionales a los 55 que ha informado el gobierno, mediante entrevistas a alcaldes, funcionarios de seguridad y manejo de emergencias de los municipios, entrevistas a familiares y revisión de certificados de defunción.
La investigación arroja que el estado ha revictimizado a los familiares de personas que han muerto por circunstancias vinculadas a la emergencia obligándoles a cumplir con requisitos burocráticos en momentos en que el propio gobierno incumplía con sus obligaciones y, como todo Puerto Rico, no estaba operando. Algunos de los familiares de estas víctimas fatales incluso tuvieron que pasar días con el cadáver de su ser querido descomponiéndose en la casa porque la Policía ni la Fiscalía acudían a levantar el cuerpo, según documentó el CPI.
Marta Rosa Colón, Ángel Luis Vázquez y su hija de 12 años además de perder la mitad de su casa durante el histórico ciclón perdieron al patriarca de la familia, don Teodoro Colón de 82 años. Colón, quien se recuperaba en el hogar de un derrame sufrido la semana anterior y dependía de oxígeno, falleció en plena tormenta la madrugada del 20 de septiembre en el cuarto donde se guarecía con su hija y su nieta en el barrio Damián Abajo de Orocovis. Ese mismo día cuando bajaron los vientos, su yerno se armó de valor y de un machete para ir a pie al pueblo a buscar ayuda. Tras caminar cuatro horas entre los derrumbes, la crecida del río y la maleza, llegó al cuartel de la Policía donde le dijeron que no podía mover el cadáver, y que tampoco lo podían ir a buscar porque las carreteras estaban incomunicadas. En la funeraria del pueblo, Orocovis Memorial, le dijeron que tampoco podían llegar a buscar el cuerpo.
Vázquez tuvo que regresar a pie nuevamente, usar una planta eléctrica para prenderle el aire acondicionado al difunto, y mudar a toda la familia al cuartito contiguo, pues el segundo piso de la residencia quedó completamente destruido. Al día siguiente nadie llegó. Desesperado, volvió caminando al pueblo y se presentó en el Centro de Operaciones de Emergencia a clamar por ayuda y, pese a que no estaba la papelería legal requerida para mover un cadáver, los rescatistas municipales y el personal de la funeraria accedieron a auxiliarlo. Esa misma tarde un grupo de 10 hombres intentó llegar a buscar el cuerpo para sacarlo cargando del lugar, pero las lluvias les impidieron llegar a la residencia, contó el líder de los rescatistas Willie Colón, quien además era familiar del difunto.
Al tercer día los 10 hombres regresaron de madrugada y pudieron sacar el cuerpo ya en estado de descomposición, cargándolo y arrastrándolo entre derrumbes, árboles y la crecida del río para poderle dar sepultura. Nunca vino un policía, ni un fiscal a certificar la muerte. De hecho, la funeraria confirmó que aún no hay certificado de defunción pues el Registro Demográfico no estaba operando esos días.
Tampoco vino un médico, pese a que don Teodoro era paciente de hospicio del Hospital Menonita, en Aibonito. Al día de hoy la familia no sabe la causa del deceso y los tanques de oxígeno y equipos médicos, incluyendo la cama de posiciones, no han sido recogidos en su casa.
“Mi suegro no se merecía eso”, sostuvo molesto y afectado Vázquez. Marta Rosa escuchaba a su lado. No tenía palabras.
Su esposo tuvo que decirle a la funeraria que él se hacía responsable de cualquier problema que surgiera por mover el cuerpo sin seguir los procesos legales, pero que por favor sacaran ya el cadáver de su casa.
Carmen María Meléndez Aponte, de 84 años y residente de Utuado, tuvo peor suerte. Murió en su casa el 21 de septiembre y su cadáver estuvo nueve días en la cama por los problemas de acceso provocados por la tormenta.
Su hijo, Juan Santiago Meléndez relató que ese día mientras comía, al parecer, le dio un ataque cardiaco. Él cree que su muerte fue provocada por la impresión que vivió con el huracán. Meléndez confesó que estuvo a punto de enterrarla en el patio, pero fue disuadido por la Policía y por el personal del Centro de Operaciones de Emergencia de Utuado. En vez, envolvió a su madre en sábanas, la sujetó con unas cintas, y la puso en la cama a esperar a que la buscaran. La funeraria finamente la recogió cuando hubo paso.
El certificado de defunción indica como primera causa de muerte cardiopatía isquémica y luego enfermedad de Alzheimer. El documento no menciona nada sobre las circunstancias extraordinarias experimentadas por doña Carmen María debido a la destrucción de su entorno por el huracán.
Ese mismo día 21 en Carolina, Salvador Rosa Montañez, de 72 años, también sufría las consecuencias de la tormenta. El compositor, periodista y relacionista, era paciente de Parkison y tenía que seguir una dieta estricta y licuada, pero tras María tenían que majarle la comida a mano porque no tenían electricidad, ni planta, y no tragaba bien, contó su hija Myriam. La familia notó que don Salvador comenzó a desmejorar y llamaron desesperados al 911 para que lo buscara una ambulancia, pero nadie contestaba. Cuando finalmente llegó la ambulancia, el paramédico les dijo que Don Salvador estaba infartando y que a donde único lo podían llevar era al Hospital de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Allí le dijeron que no tenían los recursos para atenderlo adecuadamente, y que había que transferirlo a otro hospital, pero que no tenían ambulancia para transportarlo y los hospitales que podían atenderlo no estaban aceptando transferencias por estar llenos a capacidad.
Trataron que el Hospital de Veteranos en San Juan lo aceptara —después de todo su papá era veterano— pero le dijeron que tampoco podían atenderlo.
Las estampas de terror que Myriam vio en el hospital, con personas tiradas por todos lados en los pasillos del hospital hacinado, sangrando, baleadas, dice, eran como sacadas de una película. Aún así dejó a su padre estable en la “esquinita” que denominaban “intensivo”, y se fue esa noche porque el personal le dijo que no podía quedarse.
Al día siguiente, cuando lo fue a visitar, corrió la cortina que separaba a los demás enfermos de su papá, y encontró la camilla vacía. Salvador había muerto y nadie le había dicho.
El cuerpo fue cremado, por lo que figura entre las 911 cremaciones autorizadas por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) tras María que, según Pesquera, no tuvieron vinculación alguna al huracán.
“Me dio mucho coraje cuando estaba viendo la conferencia de prensa y Donald Trump dijo la barbaridad que dijo y el Gobernador le dice que sí, que son 16 (muertes por María). Me sentí ofendido porque a mi papá no lo están contando como una persona que murió por la emergencia”, dijo desde Boston su otro hijo, Mario, sobre la cifra oficial de muertes que el gobierno mantuvo inamovible durante las primeras dos semanas tras el huracán.
Durante su visita a Puerto Rico, Trump citó la “baja” cifra como prueba de la alegada efectividad de la respuesta del gobierno de Ricardo Rosselló y del gobierno federal a la emergencia. Una semana antes, una investigación del CPI había revelado que había decenas muertes no contabilizadas, y que posiblemente habría cientos de muertes adicionales.
El 2 de octubre Rubén Ramos, del Viejo San Juan, tuvo una experiencia de horror en el Hospital Pavía de Santurce. Tres días antes, su madre Elizabeth Colón, profesora universitaria de 60 años, comenzó a sentir dolores de estómago tras haber compartido comida con los vecinos después del huracán. Al día siguiente tuvo fiebre, y después, los dolores arreciaron, por lo que corrieron al hospital. Lo que Ramos encontró allí fue “inhumano”.
“Yo quiero ser lo más justo con la situación que está pasando el país. Yo soy una persona justa, pero el trato era el de una carnicería”, dijo al relatar que los pacientes estaban tirados en camillas en los pasillos y la institución, a su juicio, no contaba con los recursos para atenderlos.
Su madre, ingeniera eléctrica quien gozaba de buena salud, estaba muerta cuatro días después. Minutos antes del fallecimiento, la doctora le dijo a Rubén que su madre tenía Leptospirosis.
El joven, quien se define como patriota, dijo que la experiencia y la forma en que el gobierno ha manejado el desastre, “sepultando” y “manipulando” información, ha destruido sus esperanzas en Puerto Rico.
“El dolor personal es tanto que yo de verdad me he rendido ante el aparato del país. Decir ‘terrible’ y ‘maldad’ se queda corto. El nivel de perversidad con el que ellos han manejado esto es increíble. Ellos no tienen la capacidad de gobierno que este momento necesita. Esto es una falta de respeto. Yo de verdad estoy convencido que después de esto yo me voy (de Puerto Rico). Esto a mí me robó a mi madre y con ello cualquier confianza que yo pueda tener en este país”, dijo notablemente afectado.
La semana pasada el gobierno finalmente dio a conocer las cifras de muerte para septiembre y las mismas registran 427 más que en el 2016. Así mismo muestran que en los 10 días que siguieron a María se registró un aumento de 43% en el promedio diario de muertes en Puerto Rico.
No obstante, el gobierno no relaciona este aumento significativo en las muertes al huracán y mantiene la cifra oficial de muertes vinculadas a la emergencia en 55. Las cifras de octubre, cuando la emergencia continuaba en todo su apogeo, aún no han sido informadas, ni las de noviembre, cuando aún la mayoría de la población continúa sin electricidad.
El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, ha insistido en que no hay anomalía en el aumento de muertes registrado y en que se deben a “causas naturales”.
El CPI apenas ha logrado visitar siete municipios para documentar los 47 casos adicionales, lo que anticipa un conteo final muy distinto al que proyecta el gobierno.
En la Región de Utuado de la Policía de Puerto Rico -que incluye Adjuntas, Lares, Utuado y Jayuya- hay 15 muertes vinculadas al huracán, informó la oficial de prensa de la Comandancia, Graciela Margolla, al CPI. La funeraria Utuado Memorial ha registrado un aumento del doble de los sepelios usuales desde el huracán, y la dueña, Olga Sureda, sostuvo que son relacionadas a la emergencia porque los propios familiares le comparten las circunstancias bajo las que murieron los difuntos.
Dijo que en los 19 años que lleva trabajando en la industria de las funerarias nunca ha visto nada igual.
En Orocovis, el alcalde Jesús “Gardy” Colón reportó cuatro casos y el CPI encontró uno adicional, todos vinculados a interrupciones en los servicios de salud por el huracán y la falta de electricidad. Ninguna de estas muertes figura en la lista del gobierno. En Toa Baja, el alcalde Bernardo “Betito” Márquez también dio cuenta de cuatro casos. Solo uno está en la lista del gobierno. Por su parte, el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres Ortiz, dijo al CPI que contabilizó 12 muertes que se dieron en circunstancias relacionadas a la emergencia en la semana posterior al azote de María, y en la lista oficial no hay ningún caso en este pueblo.
“Nuestro hospital de área quedó sin el servicio eléctrico y en dos ocasiones colapsó su generador eléctrico. FEMA tuvo que venir a nuestra ciudad, tomar posesión del hospital y hacer unos traslados”, admitió Torres. Indicó además que las 12 muertes de su pueblo hasta el momento han sido certificadas como naturales, pero que no fueron evaluadas científicamente.
Existen métodos probados a nivel mundial para documentar de manera científica las muertes causadas por desastres y emergencias, que incluyen el estudio de las distintas variables que influyeron en todas las muertes ocurridas durante la duración de la emergencia. Pero Puerto Rico ha decidido hacerlo a su manera: sin estructura, sin metodología científica y sin rigor.
En vez de asignar la tarea al responsable constitucional del estudio científico de las causas de muerte en la isla, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, o de reclutar a los epidemiólogos del Centro para el Control y Protección de Enfermedades (CDC), principales expertos en esta materia en el sistema federal, el gobernador Ricardo Rosselló dejó el asunto en manos del secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, quien sostiene que en la mayoría de los casos solo se mirarán los certificados de defunción de las muertes para hacer la adjudicación del vínculo a la emergencia. Esto, pese a que desde hace más de un mes el mismo Pesquera reconoció al CPI que los médicos no han estado haciendo anotación alguna relacionada al huracán María en dichos documentos, donde solo indican la razón clínica del fallecimiento. Rosselló no contestó las preguntas que el CPI le envió por correo electrónico sobre las decisiones que ha tomado en torno al manejo de las muertes relacionadas a la emergencia.
Estos casos equivalen al 80% de las defunciones en Puerto Rico, las cuales en su mayoría no serán analizadas bajo el proceso que ha seguido Pesquera y su equipo. No se entrevistará a los familiares de estas personas, porque sus agencias no tienen el personal para hacerlo, dijo el funcionario en entrevista con el CPI.
Los únicos casos que están siendo investigados mediante autopsias, exámenes externos o entrevistas a familiares son apenas una porción de los que llegan al ICF, que desde el 20 de septiembre hasta 30 de octubre fueron 338, aún cuando las muertes ocurridas en Puerto Rico en septiembre y octubre que han podido ser entradas en sistema van casi por 5,000. Y aun así, dueños de funerarias informan que el ICF está despachando los casos con una premura atípica, en tres o cuatro días, cuando antes del huracán tomaban una semana, prácticamente el doble del tiempo con menos volumen.
En general, el proceso para contabilizar y dar a conocer las muertes relacionadas al huracán María ha estado marcado por declaraciones que han resultado ser falsas, y por un continuo entorpecimiento del acceso a la información sobre el tema por parte del gobierno. Por ejemplo, Pesquera afirmó la semana pasada que que “el CDC es el que decide” la causa final de muerte en Puerto Rico. Sin embargo, en realidad según la Ley 24 de 1931 el responsable de esta tarea en la isla es el estado a través del Departamento de Salud y su Registro Demográfico.
Así es en todos los estados, aseguró en entrevista el director de emergencias del Departamento de Salud federal para la Región de Nueva York, a la que está adscrita Puerto Rico, Murad Raheem.
La isla utilizaba desde antes de María el apoyo del CDC para el procesamiento electrónico de los datos de los certificados de defunción, pero el gobierno no ha solicitado ayuda específica del equipo de epidemiólogos de esa agencia para documentar las muertes vinculadas al huracán pese a que el servicio es gratuito, confirmó el funcionario.
Además de no entregar a la prensa la información sobre las muertes que se iban registrando tras la emergencia y la información demográfica completa que permitiría hacer un análisis sobre el tema. El gobierno nunca anunció públicamente o a la prensa la instauración del “Procedimiento Temporero para la Disposición de Cadáveres en los Hospitales”, un asunto que afectaba a cientos de familias, mientras sí hacía anuncios diarios de otros asuntos, como el protocolo de disposición de animales muertos. El CPI consiguió el protocolo por otras fuentes.
El CPI supo que el Departamento de Justicia emitió dicho protocolo el 3 de octubre ante la crisis en las morgues de los hospitales que estaban llenas a capacidad. Según copia del breve documento, el propósito era facilitar el manejo de cuerpos “cuando no se cuente con certificación médica y/o se ha podido coordinar transportación” delegando la coordinación de la transportación en el ICF. Además, para los casos de cremaciones y de muertes en égidas se designaron dos fiscales a la sede del ICF solo para expedir las boletas “de manera más ágil”.
Los hospitales fueron y serán un factor clave en las muertes relacionadas al huracán porque buena parte de la población fue a parar a estas facilidades ante la pérdida de energía eléctrica. Pero esas instituciones también estaban seriamente afectadas por el mismo problema, y por la falta de medicamentos y personal. A seis días del paso de María, el secretario Rodríguez Mercado declaró al CPI que sólo 18 hospitales o el 70% de los 69 hospitales de la isla estaban abiertos, que las morgues estaban llenas, y que las circunstancias que atravesaban las instituciones estaban siendo un factor en las muertes.
Fue la última vez que habló públicamente sobre el tema de las muertes tras María, pese a que el CPI ha solicitado entrevista con el galeno insistentemente por el pasado mes. Desde entonces, el tema le fue delegado a Pesquera.
La epidemióloga del Estado, la Dra. Carmen De Seda no ha intervenido en el tema o en conferencias de prensa.
“Relacionado al huracán (hay) 19 muertes hasta este momento, que lo reportó el Gobernador, pero también han hecho fosas comunes. A nosotros se nos informó que hay gente han enterrado a sus familiares porque están en sitios que todavía no se ha llegado. Nos han reportado como seis a siete casos así. Recuérdate que mucha gente han muerto por problemas médicos que no pudieron llegar a tiempo los servicios médicos, terminaron aislados, y cada rato se están dando informes de personas que están en sitios aislados, entonces van y los rescatan. Recuérdate que esto ha sido algo bien desastroso y hay que decir la verdad tal y como es”, dijo en aquel momento Rodríguez Mercado.
Fuente: El Nuevo Herald
