Aplazan para el próximo martes conocimiento de recurso de imputados en Operación Coral
La audiencia fue aplazada a solicitud de la representante del Ministerio Público, que subió en ausencia de los titulares Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, en medio del rechazo de los abogados defensores.
SANTO DOMINGO.- Al solicitar a la Corte de Apelación su libertad bajo fianza, el excoronel policial Rafael Núñez de Aza, considerado el cerebro financiero de la denominada Operación Coral, aseguró a través de su abogado que la fiscalía no ha aportado aún ninguna prueba del presunto desvío millonario de fondos.
La audiencia, en la que también solicita su libertad otro de los implicados en el caso, fue aplazada para el 22 de junio.
Ambos imputados buscaban la revocación de la prisión preventiva impuesta por la jueza de instrucción Kenya Romero y que les otorgaran la libertad bajo fianza mientras esperan el juicio de fondo.
Sin embargo, la audiencia fue aplazada a solicitud de la representante del Ministerio Público, que subió en ausencia de los titulares Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, en medio del rechazo de los abogados defensores.
Previo a la audiencia, el abogado del coronel Núñez de Aza, señalado como el cerebro financiero del presunto entramado supuestamente encabezada por el ex jefe de la guardia presidencial Adán Cáceres Silvestre, insistió en que la procuraduría no ha presentado pruebas del supuesto desfalco contra el Estado por más de 3 mil millones de pesos.
Mientras que el abogado defensor del sargento de la Armada Alejandro Montero Cruz, también detenidos por el caso, reiteró que su única conexión en el expediente es un contrato de alquiler de un apartamento propiedad del general.
Ambos imputados cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro Correccional de Najayo.
Por el caso, también están tras las rejas el mayor general Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán y su hijo, Tanner Flete Guzmán. Sólo Alejandro Girón Jiménez, quien se convirtió en testigo clave de la acusación, se encuentra en prisión domiciliaria bajo protección judicial en un desconocido.
El grupo está acusado de corrupción, estafa, asociación de malhechores y otros delitos contra el Estado.
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