Aunque el índice de criminalidad y su sangrienta secuela de muerte, dolor y desolación obedecen a diversas causas, es indudable que la proliferación de armas de fuego ha tenido un factor preponderante en los balances fatales.
Basta señalar que, según estadísticas oficiales, durante el 2011 en un 64 por ciento de los 2,514 homicidios reportados ese año se utilizó un arma de fuego.
En efecto, en las noticias que casi a diario reportan los medios y en los informes que la Policía ofrece sobre muertes violentas, son frecuentes los datos sobre la utilización de un revólver o una pistola.
Se trata, no hay duda, de un problema complejo que amerita un ponderado estudio por parte de las autoridades de Interior y Policía, ya que muchos asesinatos y homicidios son cometidos por personas que portan armas con permisos legales.
¿Qué está pasando, entonces, con los exámenes y procedimientos que se aplican a quienes solicitan permisos para el porte y tenencia de un arma? Es obvio que en ocasiones esas depuraciones parecen haber fallado, al no haber advertido rasgos o perfiles agresivos en los solicitantes.
Más que un medio para captar ingresos por vía impositiva en la renovación de los permisos, Interior y Policía debería aprovechar esos procesos para profundizar exámenes siquiátricos y aplicar con mayor rigor los requisitos para otorgar autorizaciones.
Asimismo, es urgente que de verdad se apliquen controles en los puestos fronterizos, ya que es un hecho conocido que muchas armas entran de contrabando al país a través de nuestra línea limítrofe con Haití.
De alguna forma hay que evitar que más personas sigan cayendo, víctimas del uso abusivo, irresponsable e irracional de las armas de fuego.
