La Asamblea Nacional de Venezuela juramentó este miércoles a Larry Devoe como fiscal general encargado y a Tarek William Saab como defensor del pueblo encargado, tras la renuncia de ambos titulares.
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela tomó juramento a Larry Devoe
Caracas.– La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela juramentó este miércoles a Larry Devoe y Tarek William Saab como fiscal general y defensor del pueblo encargado, respectivamente, mientras el Legislativo comienza el proceso de selección de los funcionarios que ocuparán esos cargos de manera definitiva.
El breve acto se dio luego de que el Parlamento anunciara que Saab presentó su renuncia como fiscal general, sin especificar los motivos, al igual que Alfredo Ruiz a la Defensoría del Pueblo por causas personales, familiares y de salud, de acuerdo a una carta que envió a la junta directiva de la AN.
Devoe juró trabajar "sin descanso" para contribuir a consolidar un sistema de justicia que esté "a la altura" del pueblo venezolano.
"Un sistema de justicia que deje atrás los estigmas, la discriminación que históricamente ha heredado", indicó el abogado en la juramentación transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Igualmente, Saab juró estar a la "altura nuevamente de una importante responsabilidad", al recordar que asumió la Fiscalía General en un "tiempo sumamente difícil", en el año 2017, cuando la oposición venezolana se mantuvo protestando en las calles durante unos tres meses.
Tanto Saab como Ruiz Angulo habían sido ratificados como fiscal general y defensor del pueblo en octubre de 2024, para un periodo de siete años, es decir, hasta 2031.
Saab, que también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Nicolás Maduro.
Las renuncias de Saab y de Ruiz Angulo se dan en medio del proceso de amnistía que fue aprobado el pasado jueves por el Parlamento, lo que permitirá liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 "hechos" ocurridos en 13 años.
La presidenta encargada pidió el mismo día de la aprobación de la Ley de Amnistía que la comisión de seguimiento revise de forma "expedita" aquellos casos que no estén contemplados en la legislación.