REDACCIÓN.- Gabriel Cruz, el niño de ocho años que fue asesinado por la pareja de su padre, Ana Julia Quezada, falleció de muerte violenta en la barriada de Las Hortichuelas, en Níjar «una o dos horas después de comer», según el informe ampliatorio de la autopsia que ya tiene en su poder el juez de instrucción número 5 de Almería, Rafael Soriano.
La autopsia recoge que las muestras del contenido estomacal remitido al Instituto Nacional de Toxicología revelan un fallecimiento en las primeras horas del presunto secuestro a manos de la autora confesa del crimen, quien lo llevó a la finca familiar de Rodalquilar, situada a unos cinco kilómetros de la casa de la abuela paterna en Las Hortichuelas.
El informe preliminar dató el deceso el mismo día de su desaparición, el 27 de febrero, y apuntó la asfixia como causa de su muerte. En su auto de ingreso en prisión, el magistrado Rafael Soriano sostiene que «resulta presuntamente incuestionable la participación» de Quezada en la muerte del menor y asegura que de su comportamiento «se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen».
Macabro plan de asesinato En dicho escrito, el magistrado indica que, como parte de ese «macabro plan criminal», se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar y que actuó supuestamente para tratar de «despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda» hasta encontrar el «momento» de poder «hacer desaparecer el cuerpo».
Además, el juez instructor destaca que enterró su cuerpo sin vida en un «hoyo que previamente había hecho con una pala» y luego quiso deshacerse del cadáver en un invernadero de acuerdo a las intervenciones telefónicas practicadas.
«Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad», concluye para remarcar las «abrumadoras pruebas contra ella» no solo «porque ella misma ha reconocido el luctuoso suceso» sino también por las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
FUENTE: 20 minutos
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