Ojalá que nuestras autoridades saquen cuentas, pasen balance y reflexionen, porque no basta con obtener buenas calificaciones en algunas materias, si se reprueba y dejan para el próximo año otras fundamentales.
El presente año 2022 arriba a su final, el cual aunque inició con la esperanza de la recuperación económica mundial dado que el gran desafío de la pandemia estaba siendo sorteado gracias a las vacunas que nos llegaron en el año anterior, se complicó con otro enorme y sorpresivo evento no producto de la naturaleza, sino provocado por el autócrata Vladimir Putin, quien decidió la invasión de Rusia a Ucrania como parte de sus planes políticos, sin medir sus terribles consecuencias ni presagiar la respuesta del líder ucraniano Zelensky.
A pesar de la inflación provocada por la guerra que desgraciadamente persiste, las medidas tomadas por nuestras autoridades para mitigarla rindieron sus frutos, y el ritmo de crecimiento de la economía se mantuvo bien, así como de las inversiones, principalmente en el importante sector turístico, gracias a las buenas acciones tomadas desde agosto de 2020, que algunos entendían erradas pues apostaban a un cierre total de fronteras, habiéndose demostrado que fue la estrategia correcta.
Este crecimiento económico ha recibido la mejor de las certificaciones, con la mejoría de la calificación crediticia dada por una de las más importantes agencias calificadoras internacionales Standards & Poors, lo que se espera entrañará un mayor flujo de inversiones y reducirá las tasas de interés de los bonos del gobierno, y contribuirá a la creación de más empleos y a la disminución del déficit público.
Sin embargo, enormes retos siguen pendientes, y particularmente tres deben focalizar la atención de nuestras autoridades de forma que, lo incumplido en este fin de año arrecie las acciones por lograrlo en el que iniciará. En el plano económico, el recurrente déficit de las distribuidoras de electricidad, el cual ensombrece el sector eléctrico a pesar de los logros que significan haber llevado a cabo licitaciones para la compra de energía a inversionistas privados y para la construcción de la terminal de gas de Manzanillo esperada desde más de una década, y la disolución de la CDEEE entelequia que no tenía razón de ser y que fue caldo de cultivo para la corrupción y el despilfarro.
En el social, la urgente reforma de la Ley 87-01 de seguridad social, para garantizar principalmente una mejoría sustancial en el funcionamiento del seguro familiar de salud y en el de pensiones, que hechas oportunamente eviten traumas vividos en otros países con similares modelos.
Y en el político, la reforma a las leyes 15-19 y 33-18 de régimen electoral y de partidos para evitar elementos de desestabilización política y reducir el alto costo de nuestras campañas directamente asociado con la infiltración de dinero sucio y de personeros del narcotráfico, y con la inapetencia de muchas personas con vocación de servicio a ocupar cargos electivos ante la imposibilidad de afrontar el astronómico gasto.
Es evidente que no hubo el interés ni la voluntad política real de aprobar la reforma a las leyes 15-19 y 33-18, por una miopía política que no permite hacer ver su urgente necesidad, e intereses particulares que ciegan la razón, porque parte de esa reforma significa aceptar un mayor control del uso de las contribuciones, y que estas al igual que los gastos sean menores, lo que los partidos mayoritarios parecen no desear, y prueba de ellos es que avecinándose el fin del año y de legislatura no solo no se han aprobado estas reformas, sino que recién ayer fue que el partido oficial llevó sus contrapropuestas al Senado, en el mismo día en que se aprobaba de urgencia la reforma a la Ley 15-19.
Ojalá que nuestras autoridades saquen cuentas, pasen balance y reflexionen, porque no basta con obtener buenas calificaciones en algunas materias, si se reprueba y dejan para el próximo año otras fundamentales.
