Boric firma adhesión de Chile al "Acuerdo Escazu" en defensa de medio ambiente

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha firmado este viernes el Acuerdo de Escazu, un tratado internacional ratificado por 24 países de América Latina y el Caribe que pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas medioambientales y la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.

La adhesión de Chile a esta carta, impulsada tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre el desarrollo Sostenible celebrada en 2012, fue planteada por el primer gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014) pero fue desechada durante su segundo término en el Palacio de la Moneda por presiones del a industria y la minería.

Fuentes próximas al actual gobierno, que inició su mandato el pasado viernes 11 de marzo, han asegurado a Efe que resultaba inexplicable que Chile no formase parte de este gran pacto suscrito por las grandes naciones del continente y que se ajusta a la nueva realidad económica, en la que la defensa del medioambiente es crucial.

Y afirman que coincide con la visión estratégica del nuevo Ejecutivo liderado por Boric, un político preocupado y concienciado sobre la necesidad de actuar de forma urgente frente a la emergencia climática.

Durante la firma, que supone una de las primeras decisiones de calado de la nueva Administración, el mandatario ha estado acompañado de las ministras de Asuntos Exteriores, Antonia Urrejola, y Medioambiente, Maisa Rojas.

«Se trata de un acuerdo que reconoce la relación explícita y necesaria entre medioambiente y derechos humanos, generando un vínculo virtuoso en donde el acceso a la información, a la participación y la justicia medioambiental se entienden como interdependientes», ha dicho Rojas antes de la firma.

Urrejola, por su parte, ha declarado: «El futuro de Chile está inevitablemente conectado con la protección del medioambiente y los ecosistemas. La Adhesión al acuerdo de Escazu representa el retorno a lo mejor de nuestra tradición diplomática. Queremos recuperar el prestigio internacional de Chile y que los chilenos y chilenas se sientan orgullosos y orgullosas de la contribucción del país al mundo».

El acuerdo es la primera iniciativa que el nuevo gobierno chileno envía la legislativo para su ratificación.

«Desde América Latina y el Caribe estamos hablando al mundo, Ustedes, luchadores y luchadoras por el medioambiente, luchadores y luchadoras por la vida, nos han enseñado a perseverar», ha comentado por su parte el presidente Boric, quien subraya que la firma es uno de los compromisos ya cumplidos de su campaña electoral.

CRÍTICAS DE LA DERECHA

La firma fue aplaudida el jueves por las fuerzas progresistas en Chile y criticado por algunos grupos situados a la derecha.

La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, explicó el jueves a la prensa local que la firma se ajusta al camino correcto y opinó que será muy beneficioso y contribuirá en la protección de ecosistemas.

En respuesta, su colega de Renovación Nacional, José Miguel Castro, aseguró que la adhesión a este tratado, que es el primero que protege a los defensores de los derechos ambientales, podría generar conflictos con otros países.

EVITAR MÁS CRÍMENES

El acuerdo de Escazú está considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región, destinado igualmente a evitar que se repitan las amenazas y los asesinatos de defensores de los derechos ambientales, como la líder indígena lenca hondureña Berta Cáceres o el brasileño Chico Mendes.

Entre sus objetivos principales, busca implementar de forma plena y efectiva los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en aquellos procesos de toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental.

Asimismo, pretende garantizar la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medioambiente sano.

Y entre sus disposiciones incluye perspectiva de género, gobierno abierto y criterios de prioridad en su aplicación para personas en situación de vulnerabilidad, además de ser uno de los primeros del mundo vinculante en el marco de la defensa y el respeto a los derechos humanos en cuestiones relacionadas con la naturaleza.