SANTO DOMINGO.- Como un avance para fortalecer la lucha contra la corrupción y lavado de activos fue calificada la aprobación de la controversial Ley de Extinción de Dominio, que busca que el Estado recupere los bienes de procedencia ilícita.
Para miembros de la sociedad civil, las autoridades deben velar por su aplicación y cumplimiento una vez entre en vigencia, que será dentro de un año.
Tras favorecer la aprobación de la ley de Extinción Dominio, Participación Ciudadana y otros miembros de la sociedad civil manifestaron que el Estado debe crear los mecanismos para su cumplimento.
El artículo 6 de la Ley establece que serán considerados como hechos susceptibles a extinción de dominio aquellos bienes que procedan de estafa contra el Estado, desfalco, soborno, tráfico de influencia, prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; Soborno trasnacional; Estafa agravada; Contrabando; Testaferrato, entre otros.
Entre los aspectos más controversiales de la ley y que fueron modificados en la Cámara de Diputados antes de su aprobación, están la eliminación de la retrospectividad con lo cual no se podrá perseguir los ilícitos del pasado. Además, la presunción de inocencia quedó estipulada y se eliminó el artículo que beneficiaba a las personas que denuncien actividades de procedencia ilícita.
El artículo 28 de referida ley establece que el Ministerio Público podrá iniciar la acción como consecuencia de la interposición de una denuncia de cualquier persona, siempre que existan suficientes motivos y circunstancias fácticas que lo justifiquen.
Ahora la ley deberá ser observada y promulgada por poder ejecutivo y posterior a esto tiene hasta un año para iniciar su aplicación.
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