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Cancelan permiso ambiental a Le Parc Beach Front en Juan Dolio

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) emitió en noviembre de 2017 la licencia de construcción número 91533 a favor del Fideicomiso Desarrollo Inmobiliario Integral P.H. Le Parc Beach Front para iniciar los trabajos de la obra.

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SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales decidió dejar sin efecto el permiso No. 3167-17, emitido el 21 de marzo de 2017, para la construcción y operación del proyecto tras comprobar que se incumplían normas ambientales establecidas en el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental.

“Le Parc Beach Front Juan Dolio” incumplía normas de especificaciones limítrofes, densidad poblacional y uso de materiales de construcción en la zona, establecidas por las autoridades correspondientes.

La cancelación en octubre pasado del permiso ambiental otorgado para la construcción y operación del proyecto “Le Parc Beach Front Juan Dolio” calmó las aguas de una marea que amenazaba con arrasar de forma permanente el ecosistema de esta pujante zona turística.

Mediante la resolución DJ-RA-2-2021-0019, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales decidió dejar sin efecto el permiso ambiental No. 3167-17, emitido el 21 de marzo de 2017, para la construcción y operación del proyecto tras comprobar durante inspecciones realizadas por técnicos de la institución que se incumplían normas ambientales establecidas en el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental.

Con esa decisión, el Ministerio de Medio Ambiente, como organismo encargado de velar por la protección y el cuidado de los recursos naturales, reafirmó su firme compromiso de defender el medioambiente y priorizar la protección de los espacios públicos, ya que, entre otras infracciones, el proyecto en cuestión ocupaba un área mayor a la permitida, que podría conllevar a la erosión y pérdida de la playa de Juan Dolio.

Al mismo tiempo, en este caso prevaleció el respeto a los derechos adquiridos de los residentes de la zona, a quienes la justicia dominicana dio un espaldarazo al garantizar su inversión ante un proyecto que “transgredía el sentido racional del uso del espacio público e impedía el acceso al mar”.

Crónica de una obra plagada de violaciones

En septiembre de 2016, el entonces presidente Danilo Medina encabezó el acto del primer palazo para la construcción del proyecto turístico, cuya inversión se estimó en 12 millones dólares. Acompañado de funcionarios de su gobierno como el entonces ministro de Turismo, Francisco Javier García, y el presidente de RI Group, Roberto Rollón, se dejó inaugurada la obra que prometía dar un salto cualitativo al desarrollo inmobiliario y turístico de la zona.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) emitió en noviembre de 2017 la licencia de construcción número 91533 a favor del Fideicomiso Desarrollo Inmobiliario Integral P.H. Le Parc Beach Front para iniciar los trabajos de la obra.

Los propulsores del ambicioso proyecto, ubicado en el Boulevard No. 46 en Juan Dolio, planeaban construir una edificación de 21 niveles y 121 apartamentos de un dormitorio cada uno y terraza con vista 360 grados, además de un club de playa, caminos y senderos, bar, mini market, restaurante, gimnasio, salones de reuniones y fiestas, estacionamientos, entre otras facilidades.

Sin embargo, desde que inició el levantamiento del ambicioso complejo, se suscitaron insistentes reclamos de residentes de Juan Dolio por considerar que la edificación atentaría contra el medioambiente y potencial turístico futuro de esa localidad, especialmente por la nula protección al espacio público y la línea de playa.

La lucha de los residentes de la zona contra el proyecto llegó hasta la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo del Poder Judicial, que ordenó detener los trabajos de construcción, acogiendo una solicitud de adopción de medida cautelar emitida el 12 de noviembre de 2018, bajo el número 0030-01-2018-SSMC-00120.

La decisión se fundamentó en que la obra no solo rompía con la armonía del paisaje y atentaba contra los derechos de los propietarios de parcelas colindantes, sino que también aumentaba de manera exponencial la densidad poblacional establecida en la zona.

Según la Resolución 01-2017 emitida por la entonces Secretaría de Estado de Turismo, los proyectos de desarrollo inmobiliario no debían exceder las 400 habitaciones por hectárea. “Le Parc Beach Front Juan Dolio” violaba los parámetros urbanísticos al levantar una edificación de 121 habitaciones en 2,344 metros que equivalía aproximadamente a 0.2 habitaciones por hectárea.

En adición a esto, las inspecciones realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, que desencadenaron en la cancelación del permiso ambiental, detectaron transgresiones del proyecto, que incumplía especificaciones limítrofes y de uso de materiales de construcción en la zona. Por ejemplo, se determinó que su verja perimetral frente a la costa estaba a 27 metros de pleamar y no a 40 como está establecido. Además, habían utilizado 60 metros del área pública cuando mediante Decreto presidencial 332-17 solo se autorizó un uso no mayor de 30 metros y, para completar la lista de violaciones, la edificación estaba levantada en hormigón cuando la licencia solo permitía materiales de construcción ligeros.

La solicitud para la revocación del permiso de Medio Ambiente se sustentaba en que “el promotor del proyecto no ha cumplido con los informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental… y por el hecho de que la construcción modifica la línea costera provocando erosión, pérdidas de la playa, contaminando por alteración del paisaje, auditiva por bares, relleno de humedales, destruyendo el ecosistema y promoviendo la disminución del drenaje de la zona”.

Lo anterior trajo como consecuencia que el 7 de octubre de 2021, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispusiera la cancelación del permiso ambiental del proyecto, así como también ordenaba la demolición de la instalación o construcción de “Le Parc Beach Front Juan Dolio” en un plazo no mayor a los 20 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución DJ-RA-2-2021-0019.

Con esta medida, se puso un freno permanente a la racha de cuestionantes que provocarían un desmedro permanente medioambiental en una zona de creciente desarrollo inmobiliario y turístico.

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