REDACCIÓN.- El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, en una serie de ocho tuits respondió las críticas que hiciera el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, sobre la política migratoria contra la migración haitiana ilegal.
«Hasta que se resuelva la grave situación del país, está claro que las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos no permiten actualmente el retorno seguro, digno y sostenible de los haitianos a Haití», indicó Türk en rueda de prensa en Puerto Príncipe al término de su visita.
Ante esto, Álvarez le reiteró que el derecho a repatriar o deportar es soberano de todas las naciones y necesario para migraciones seguras, ordenadas y regulares. Lo que le sorprende que el comisionado haya hablado de deportación en vez de solución a la crisis en su visita a ese país.
“En 2022, RD repatrió 120,900 extranjeros, en su mayoría de nacionalidad haitiana. Solo había 2 menores que sí estaban acompañados. También el año pasado, 3,176 menores haitianos fueron entregados al Consejo Nacional de la Niñez de RD para su reunificación familiar en Haití a través del Institut du Bien Etre Social et des Recherches (IBERS)”, subrayó.
Añadió que la a proporción de partos de madres haitianas atendidos en la red pública dominicana aumentó de 12.5% a 32.8% entre 2018 y 2022. RD no puede suplir las necesidades o carencias básicas de la población haitiana; esta es una responsabilidad del Estado haitiano. No obstante, no se ha dejado de cumplir con el acceso a la salud de las migrantes embarazadas que garantiza nuestra constitución. Solo en 2022 más de 34 mil partos de inmigrantes haitianas fueron atendidos en la red pública de RD de manera gratuita.
El ministro de Relaciones Exteriores explico que el Gobierno dominicano trabaja para mejorar la calidad de los centros de acogida y vehículos en los procesos de interdicción migratoria, garantizando el debido proceso constitucional en los procesos administrativos. Asimismo, La crítica situación que atraviesa Haití no es responsabilidad del gobierno dominicano, ni podrá ser jamás obstáculo para la aplicación de nuestras leyes. Sí queda por aclarar la postura de la comunidad internacional ante la tragedia haitiana.
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