Santo Domingo – El canciller Roberto Álvarez afirmó categóricamente que «ni el Gobierno dominicano ni el Ministerio Público (MP) participaron en la investigación llevada a cabo por Estados Unidos», que resultó en la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX en la República Dominicana.
Este avión, propiedad de personas vinculadas a Nicolás Maduro, fue inmovilizado en el país en respuesta a una solicitud de cooperación jurídica internacional.
Según Álvarez, en mayo de este año, el Ministerio Público recibió una solicitud formal de Estados Unidos para inmovilizar la aeronave como parte de una investigación criminal relacionada con actividades de fraude, contrabando y lavado de activos.» La aeronave se encontraba en la República Dominicana para fines de mantenimiento debido a la alta calidad de los servicios disponibles en el país. Posteriormente, el 22 de mayo, el MP obtuvo una orden judicial de un tribunal competente que autorizó la inmovilización del avión».
“El Ministerio Público tiene autonomía y estos son los asuntos en los que el Gobierno Central no opina”, aclaró Álvarez. Añadió que tanto el presidente Luis Abinader como él mismo se enteraron de esta solicitud solo cuando recibieron la nota formal que fue transmitida al Ministerio Público.
Asimismo, el presidente Luis Abinader enfatizó que «el avión no estaba registrado a nombre del Gobierno venezolano, sino a nombre de un particular».
Mientras que Álvarez reforzó que el MP cumplió con las normativas internacionales al obtener las órdenes judiciales correspondientes.
Por su parte, el presidente Luis Abinader también reafirmó que la aeronave no pertenecía al Gobierno venezolano, sino que estaba registrada a nombre de un particular. Subrayó que el Ministeiro Público actuó conforme a las leyes nacionales e internacionales al ejecutar la orden de inmovilización y colaborar con las autoridades estadounidenses.
El contexto de esta incautación se enmarca en las acciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que anunció la incautación del avión en virtud de las violaciones de las leyes de control de exportaciones y sanciones estadounidenses.
Según las autoridades de EE.UU., la aeronave, valorada en 13 millones de dólares, fue adquirida ilegalmente a través de una empresa fantasma y utilizada para beneficio de Nicolás Maduro y sus asociados.
Las autoridades estadounidenses destacaron que la República Dominicana cooperó en este caso al seguir los procedimientos legales establecidos, lo que permitió la incautación del avión y su eventual traslado al Distrito Sur de Florida.