SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), depositó este miércoles ante la procuraduría Especializada de persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), un informe del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), del periodo 2021-2022, la cual según las indagatorias incurrió en una serie de irregularidades.
Según el titular de la entidad, Carlos Pimentel, el Inabie incurrió en una serie de irregularidades que van desde inobservancias a la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas durante la coordinación y montaje del proceso de licitación INABlE-CCC-LPN-2021-0009, hasta la selección de proveedores y asignación de raciones bajo criterios no transparentados, tráfico de influencias en el proceso de selección de proveedores y adjudicaciones provisionales ilegales,
El órgano rector quien trabajó en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, aseguró que se cometieron faltas e incumplimientos procedimentales en todas las etapas del proceso, las cuales denotan maniobras fraudulentas como son la utilización de un pliego de condiciones carente de criterios de evaluación precisos y con ambigüedades; la ausencia de un estudio de mercado para la estandarización de precios y la habilitación de oferentes que carecían de idoneidad para ser seleccionados.
De manera concreta se comprobó la falta de diligencia en la revisión documental para validar la composición accionaria de las empresas participantes en el proceso, dando así cabida al delito de colusión con la participación y adjudicación de 614 proveedores relacionados entre sí a través de diferentes razones sociales; así como la selección de una alta proporción de proveedores que no pertenecían al sector MIPYMES.
