SANTO DOMINGO.- El director general de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, afirmó que diez empleados del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), han sido suspendidos. Estos son integrantes del comité de compras y peritos actuantes debido al caso de Transcore Latam, S.R.L., la empresa que por unos 1,317 millones de pesos había ganado la licitación para semáforos en el Gran Santo Domingo.
Pimentel manifestó que la dirección de contrataciones se apoderó de un recurso jerárquico y tres solicitudes.
En sus funciones, la dirección empezó un procedimiento investigativo al cumplir con el adecuado proceso y agotar cada etapa, obteniendo irregularidades graves, tales como documentación falsificada y alterada.
A causa de esto, se inició un proceso sancionador a la compañía. “Anulamos el pliego de condiciones, informe preliminar, definitivo y acta de adjudicación”, toda la información que permite que suscite un contrato”, dijo Pimentel.
Agregó que el INTRANT «estructuró todo» para que la dicha empresa fuese adjudicada y recalcó que las cinco resoluciones demuestran esto. También se mantuvieron informados de las investigaciones que se realizaban todo el tiempo, sin embargo, no respondieron hasta que estaban finalizando la investigación y realizaron una reunión.
“Luego de la reunión, empezaron a llegar los medios de defensa”, añadió.
Expresó que ejecutaron un rastreo de las compañías para conocer que el beneficiario final era Jochy Gómez, y que se pagó un 20% el cual corresponde al anticipo equivalente a 260 millones de pesos.
Por igual, dijo que la DGCP hizo todo lo que sus funciones le permiten hasta llegar a los límites y que remitieron los datos a las correspondientes instituciones, tales como la Procuraduría General de la República (PGR), Unidad Antifraude de la Contraloría, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-competencia), Dirección General de Impuestos Internos (DGII); agregando que están preparados para la defensa de sus decisiones ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Pimentel aseveró que la verificación de una oferta económica y técnica no es suficiente, si no se comprueba la veracidad de los datos que se reciben y que ese es el trabajo del comité y de los peritos actuantes.
Indicó que las altas autoridades deben estar atentas y más cuando se trata de montos de importancia.
“Nosotros estamos tranquilos cumpliendo con nuestra responsabilidad, hay proyectos que se necesitan para el avance del país, pero deben ejecutarse en base a la legalidad”, finalizó.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en una entrevista en el programa «El Día».
