LA VEGA.- Construida en 2010 por la empresa constructora brasileña Odebrecht por más de 112 millones de dólares en el gobierno de Leonel Fernández, la carretera de Casabito de la belleza del extenso paisaje a lo largo de sus 51 kilómetros ya no queda nada, sólo destrucción.
Por el deterioro de la vía por la falta de mantenimiento, residentes y productores de Constanza exigen a las autoridades reacondicionar la vía, cuyo mal estado dificulta el transporte de mercancías.
Los residentes señalaron que de no atender su llamado se lanzarán a las calles.
Reporte de nuestro correponsal Fragman García.
La obra se encuentra dentro de los sobornos pagados por la empresa a políticos, legisladores y funcionarios, según el expediente de Ministerio Público presentado en el 2017.
Inició en el 2007 el proceso de contratación y construcción, a través de la adenda número 6 a la construcción del proyecto Hidroeléctrico Pinalito.
La vía fue incluida como parte de ese proyecto, encabezado por Radhamés Segura, quien era vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, bajo el nombre rehabilitación de la carretera Constanza-Tramo Cruce Autopista Duarte-Casabito Constanza.
Segura por la CDEEE y Víctor Díaz Rúa como ministro de Obras Públicas, “fraguan un concierto de voluntades a fin de evadir los procesos legales” de la Ley de Contrataciones Públicas, “y se ingenian un mecanismo ilegal para transferir fondos de un proyecto a otro, violentando de esa forma la Constitución y el Código Penal dominicano”.
El 26 de diciembre de 2007, aprovechando la declaratoria de Estado de Emergencia, Díaz Rúa suscribió un contrato con Odebrecht, sin licitación, otorgando a esa empresa la rehabilitación de la carretera Constanza-Tramo Cruce Autopista Duarte-Casabito Constanza, por un monto de 40.5 millones de dólares, de los cuales 11.5 millones fueron pagados por la CDEEE y los restantes 29.0 millones de dólares por la Secretaría de Obras Públicas.
Marco Vasconcelos Cruz reveló que Angel Rondón recibió 924 mil dólares para pagar sobornos, entre otros, a Temístocles Montás, quien concertaba y aceleraba las gestiones para la firma del contrato de préstamos del proyecto.
Dice el Ministerio Público que no conforme con los sobornos recibidos, Díaz Rúa firmó una adenda el 30 de junio del 2009, aumentando en 10.1 millones de dólares el monto del proyecto.
Inexplicablemente cuatro meses después, y alegando deterioro por las lluvias, Díaz Rúa firmó un nuevo contrato con Odebrecht para la rehabilitación de la misma carretera Constanza-Tramo Cruce Autopista Duarte, por un monto de 46.2 millones de dólares, mayor al primer contrato suscrito.
“No fue suficiente para el imputado haber suscrito los contratos antes indicados, sino, que en fecha 30 de abril del 2010, firmó otra adenda por un monto de 11.6 millones de dólares”, con el objetivo de modificaciones al contrato.
El entramado de corrupción era evidente, dice el documento, porque la carretera fue contratada dos veces con la misma empresa, sin ningún tipo de licitación y en forma acelerada, utilizando los servicios de Angel Rondón, Radhamés Segura y Víctor Díaz Rúa.
Explica que en los casos de Julio César Valentín y Ruddy González “viabilizaron todos los proyectos que se conocieron en sus respectivas gestiones, para recibir sumas de dinero de parte del imputado Angel Rondón Rijo”. Valentín era el presidente de la Cámara de Diputados y González era miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
De acuerdo al testimonio de Marco Vasconcelos Cruz, gerente de país de Odebrecht en República Dominicana cuando ocurrieron estos hechos, había “una estrecha relación de los imputados Julio César Valentín Jiminián y Ruddy González con el intermediario de Constructora Norberto Odebrecht, Angel Rendón Rijo. Además, de los aportes que el imputado Angel Rondón Rijo realizaba a la campaña de ambos legisladores”.
Entre 2016 y 2017 el caso Odebrecht al principio eran 14 los encartados: Ángel Rondón Rijo, César Sánchez, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez Hernández, Temístocles Montás, Máximo De Oleo, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González y Víctor Díaz Rúa y Bernardo Castellanos de Moya, Julio César Valentín, Tommy Galán, Alfredo Pacheco.
Luego en el 2018 fue integrado Jesús Antonio Vásquez Martínez, hoy ministro de Interior y Policía, pero salió airoso del caso.
Este año 2021, sólo seis se encuentran en juicio de fondo por recibir US$92 millones en sobornos de la empresa brasileña: el empresario Ángel Rondón Rijo, el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga, el ex presidente del Senado y PRM Andrés Bautista, el ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Roberto Rodríguez y el senador por San Cristóbal Tommy Galán.