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Caso Julian Assange y su efecto disuasorio, según Amnistía Internacional

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“Deben terminar de inmediato los intentos de Estados Unidos de intimidar y silenciar al periodismo de investigación para que no divulgue conductas gubernamentales indebidas, como crímenes de guerra u otras infracciones del derecho internacional”.

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1.- Cada conjunto de ideas debidamente articuladas tienen en su parte interior el parecer y aspiraciones de la persona que las ha unido en su cerebro. En esta época, preñada de contradicciones de todo tipo, han dejado de ser palabras huecas, desprovistas de contenido, las expresiones que se refieren al globo terráqueo, mundial y universal.

2.- Ayer, decir internacionalismo proletario significó identificar la solidaridad y unión de clase de proletarios, de los trabajadores de todos los países en la lucha por sus derechos, por la paz, por la democracia, por la independencia nacional, por la eliminación del régimen capitalista y por la construcción del socialismo real.

3.- Pero hoy, la internacionalización no está solamente en lo que compete al proletariado y su misión histórica como clase social ascendente, sino que también hay internacionalización en trabajos comunes para satisfacer necesidades colectivas y muy particulares.

4.- Defender a Julian Assange, para que no sea extraditado a Estados Unidos, y juzgado por varias acusaciones que en conjunto entrañan sanciones de hasta 175 años, equivale, por igual, abogar a favor de que no sean perseguidos y penalizados otros sectores vinculados con el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa.

5.- Una lectura a párrafos esenciales del documento emitido en fecha 13 de febrero de 2024, por la organización Amnistía Internacional, prueba que el mismo responde al interés de defender, no solamente a Julian Assange, sino también a todos los sectores relacionados con el ejercicio pleno del periodismo y la prensa en sentido general. He aquí algunos puntos a resaltar de la pieza difundida, antes ya indicada:

6.- “…Amnistía Internacional reitera sus motivos de preocupación por el riesgo que corre Assange de sufrir graves violaciones de derechos humanos en caso de ser extraditado y advierte del profundo “efecto disuasorio” que tendría sobre la libertad de prensa en todo el mundo. La seguridad de editores y periodistas de investigación de todo el mundo pende de un hilo. Si se envía a Julian Assange a Estados Unidos y se le procesa allí, también se someterán a juicio las libertades de prensa…”

7.- “Assange sufrirá personalmente por estas acusaciones de base política y la comunidad que integra los medios de comunicación de todo el mundo recibirá el aviso de que tampoco está a salvo. El derecho del público a conocer lo que hacen los gobiernos en su nombre se verá profundamente socavado. Estados Unidos debe retirar los cargos presentados contra Assange en virtud de la Ley de Espionaje y poner fin a su detención arbitraria en Reino Unido”.

8.- “Si Julian Assange pierde la capacidad de apelar, correrá el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos y procesado en virtud de la Ley de Espionaje de 1917, una ley de tiempos de guerra que nunca tuvo la finalidad de penalizar el trabajo legítimo de editores y periodistas. Julian Assange podría ser condenado a cumplir hasta 175 años de prisión. Por el cargo menos grave de fraude informático, podrían sentenciarlo a un máximo de 5 años”.

9.- “Assange también correría un alto riesgo de ser sometido a reclusión prolongada en régimen de aislamiento en una prisión de máxima seguridad. Aunque Estados Unidos ha ofrecido “garantías diplomáticas” a Reino Unido, que al parecer avalan su seguridad en caso de que sea encarcelado, las garantías de las autoridades contienen tantas salvedades que no pueden considerarse fiables”.

10.- “Las garantías de Estados Unidos no ofrecen confianza. Las dudosas garantías de que recibirá un trato digno en una prisión estadounidense suenan falsas si consideramos que Assange podría enfrentarse a décadas de prisión en un sistema cuyos abusos —incluidas la reclusión prolongada en régimen de aislamiento y la atención sanitaria insuficiente a la población reclusa— son manifiestos. Estados Unidos sencillamente no puede garantizar su seguridad y bienestar, al igual que no los garantiza a los cientos de miles de personas que están actualmente recluidas en las prisiones estadounidenses”.

11.- “Si se extradita a Julian Assange, se sentará un peligroso precedente que el gobierno de Estados Unidos podría utilizar para exigir la extradición de editores y periodistas de todo el mundo. Otros países podrían fijarse en Estados Unidos y seguir su ejemplo”.

12.- “La publicación por parte de Julian Assange de documentos que le revelaron sus fuentes en el marco de su trabajo con Wikileaks, se asemeja a la labor del periodismo de investigación, donde se llevan a cabo de forma habitual las actividades descritas en el acta de acusación: hablar con fuentes confidenciales, solicitar aclaraciones o documentación adicional, y recibir y difundir información oficial y, a veces, clasificada”.

13.- “Los medios informativos y editoriales publican con frecuencia y legitimidad información clasificada para informar sobre asuntos de máxima importancia pública. La publicación de información de interés público es una piedra angular de la libertad de prensa. Además, está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos, y no debe criminalizarse”.

14.- “Deben terminar de inmediato los intentos de Estados Unidos de intimidar y silenciar al periodismo de investigación para que no divulgue conductas gubernamentales indebidas, como crímenes de guerra u otras infracciones del derecho internacional”.

15.- “Las fuentes, cuyas denuncias legítimas comunican irregularidades gubernamentales a periodistas y editores, también deben tener libertad para compartir información de interés público. Si Julian Assange es procesado por desarrollar una labor editorial legítima, dichas fuentes serán mucho más reacias a proporcionar información”.

16.- “En el banquillo no se sienta sólo Julian Assange. Al silenciar a Assange, se amordazará a otras personas. Se pone a prueba el compromiso de las autoridades estadounidenses y británicas con los principios fundamentales de la libertad de prensa, que sustentan el derecho a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a la información”.

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