REDACCIÓN.- El caso Odebrecht ha implicado a altos funcionarios en varios países de América Latina, incluyendo al expresidente peruano Alejandro Toledo en Perú y Víctor Díaz Rúa, como exministro de Obras Públicas y señalado por el Ministerio Público en República Dominicana como la figura de mayor nivel envuelto en la trama de corrupción, a pesar de que la empresa admitió haber pagado sobornos por 92 millones de dólares.
Aunque ambos fueron vinculados a sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, los resultados judiciales de sus casos son significativamente diferentes, debido a las pruebas presentadas y las circunstancias judiciales.
Alejandro Toledo, expresidente de Perú, fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por haber solicitado 35 millones de dólares en sobornos a la empresa Odebrecht a cambio de facilitar la adjudicación del proyecto de la carretera Interoceánica, que conectaba Brasil con Perú.
La clave en su condena fueron los testimonios directos de personas involucradas en la trama de corrupción, en particular, Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, y Josef Maiman, empresario israelí que actuó como intermediario. Barata confirmó que Toledo solicitó el soborno para garantizar que Odebrecht obtuviera la licitación, y Maiman canalizó los pagos, lo que fortaleció la acusación.
La fiscalía también presentó pruebas documentales que vinculaban los fondos ilícitos con la compra de propiedades por parte de Toledo. A pesar de los esfuerzos de la defensa para desacreditar a los testigos, la contundencia de las pruebas fue suficiente para que el tribunal emitiera una condena. Toledo fue extraditado desde Estados Unidos para enfrentar el juicio, lo que subraya la solidez del caso contra él.
Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas de la República Dominicana, también fue acusado de recibir sobornos de Odebrecht como parte del esquema de corrupción para asegurar contratos de infraestructura. Sin embargo, los resultados de su caso fueron muy diferentes.
Díaz Rúa fue condenado en principio a cinco años de prisión por lavado de activos, pero fue absuelto de los cargos de soborno debido a la falta de pruebas directas que vincularan los pagos recibidos con acciones específicas en beneficio de Odebrecht. En la apelación, ante la ausencia de un delito precedente, el caso por lavado de activos cayó.
A diferencia del caso de Toledo, no hubo testimonios directos de testigos clave como Barata que confirmaran que los pagos a Díaz Rúa fueran sobornos. Esta falta de pruebas contundentes debilitó el caso, lo que llevó a una condena parcial que no incluyó los cargos más graves y posteriormente resultó absuelto.
La diferencia principal entre ambos casos radica en la calidad y cantidad de pruebas presentadas. En el caso de Toledo, los testimonios de Barata y Maiman, sumados a las pruebas documentales, proporcionaron una narrativa clara de los sobornos y su conexión directa con el expresidente.
Por otro lado, en el caso de Díaz Rúa, la falta de testimonios directos y pruebas concluyentes sobre los sobornos resultó en una condena menos severa y su absolución.
En Perú, la investigación y procesamiento del caso Odebrecht han llevado a varias condenas importantes de figuras políticas de alto perfil, mientras que en República Dominicana, aunque ha habido condenas, el proceso ha sido criticado por la falta de contundencia en algunos veredictos.
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