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Caso Transcore: Cómo un contrato amañado evolucionó a espionaje satelital y sabotaje

Caso Transcore Latam
Jochi Gómez y Hugo Beras. Fotos fuente externa.
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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público señala en lo que ha denominado como la Operación Camaleón, un supuesto esquema de corrupción que inició como un contrato amañado y que habría evolucionado hasta incluir espionaje, sabotaje tecnológico y lavado de activos.

Según las investigaciones del Ministerio Público, los implicados formaron una organización criminal con la participación activa de funcionarios públicos, ex empleados y ciudadanos con historial delictivo. 

Alegadamente el director ejecutivo del INTRANT, Hugo Marino Beras Goico, junto con otros actores clave, jugó un papel fundamental en la estructura, coordinando y facilitando la adjudicación fraudulenta del contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

De acuerdo con el punto “Características de la organización criminal imputada”, destacada en la solicitud de medida de coerción, el oferente fue seleccionado incluso antes de que se publicara el proceso de licitación en el portal institucional, y dicho oferente, Transcore Latam S.R.L., participó activamente en la elaboración del pliego de condiciones, creando un traje a medida para asegurar que ganaría el contrato. 

El tema del espionaje

El Ministerio Público indica que una vez adjudicado el contrato, Beras Goico entregó el control de la red semafórica y del sistema de videovigilancia a, cita textual,  “personas conocidas por su historial de uso ilícito de información”. 

Supuestamente colocaron cientos de cámaras estratégicamente colocadas en las calles de Santo Domingo sin autorización.

Pero el alcance de la operación no habría terminado ahí. Beras Goico y otros funcionarios, según el Ministerio Público, compartían actividades sociales y familiares con los imputados, lo que sugiere que la relación iba más allá de lo profesional. 

Sobornos, espionaje y sabotaje

A medida que la investigación avanzaba, las autoridades indican que los funcionarios involucrados habían recibido sobornos para favorecer a los imputados en el proceso de licitación. 

Según cuenta el MP, la colocación por parte de empresa Transcore Latam de cámaras de videovigilancia y drones en puntos estratégicos de la ciudad, fueron utilizados para espiar haciendo “extracciones ilegales de informaciones telefónicas”.

Y finalmente atacaron infraestructuras críticas del Estado causando un caos en el Tránsito. En agosto de 2024, el esquema criminal alcanzó un nuevo nivel de sofisticación cuando los implicados, liderados por José Ángel Gómez Canaán, alias Jochi, provocaron un sabotaje masivo a la red semafórica de Santo Domingo.

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