Santo Domingo. – El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), Darío Castillo Lugo, aseguró que la reciente medida que regula la cantidad de asesores en los órganos y entes del Poder Ejecutivo busca racionalizar y transparentar la nómina pública, así como la mejora del gasto, en coherencia con los planes y compromisos del Gobierno de eficientizar la gestión pública.
Al referirse a la resolución núm. 184-2024, que establece que las instituciones del Poder Ejecutivo solo podrán nombrar dentro de su estructura organizativa, una cantidad máxima de asesores, equivalente al número de viceministerios, subdirecciones generales o nacionales, intendencias, subadministraciones o equivalentes que tenga la institución, Castillo Lugo indicó que esas medidas fueron tomadas de acuerdo con lo dispuesto en la ley núm. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley núm. 247-12 Orgánica de la Administración Pública, ley núm. 41-08 de Función Pública y la ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público; además de la ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, entre otras normativas vigentes.
Castillo Lugo recordó que, según la Ley núm. 247-12, la Administración Pública se rige por el ordenamiento jurídico del Estado y se organiza y desarrolla en base a principios, como el de eficiencia de la actividad administrativa y de racionalidad, entre otros, que indican que, tanto la asignación de recursos a las instituciones públicas, como la conformación de sus estructuras internas, deben propender al logro de metas y a la utilización racional de los recursos del Estado.
En ese sentido, el funcionario destacó que, conforme al mandato presidencial, el MAP está inmerso en el proceso de reforma y modernización de la Administración Pública (Reformap), tal como establece el Decreto núm. 149-21, que incluye el fortalecimiento del marco normativo y la reestructuración del cuerpo administrativo del Poder Ejecutivo.
Asimismo, explicó que la Ley núm. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo tiene como primer objetivo general, la conformación de una Administración Pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
«Para alcanzar este objetivo, es crucial que nuestro aparato público se organice y ejecute acciones basadas en criterios de necesidad, eficiencia, eficacia y economía», puntualizó mediante un comunicado de prensa.
En el documento se recalca que, con miras a la elaboración de los anteproyectos de presupuesto para el año 2025, los entes y órganos deberán presentar al MAP, antes del 30 de junio de 2024, sus propuestas de modificación a la estructura de cargos, indicando el número de asesores, el funcionario de alto nivel al que se reportará y la escala salarial que regirá para ellos, para fines de aprobación.
En el caso de las instituciones que decidan mantener en nómina, más allá del 31 de diciembre de 2024, a las personas que actualmente se desempeñen como asesores, por encima de la cantidad máxima establecida en la resolución, deberán reubicarlos y designarlos en cargos con funciones sustantivas o transversales específicas, vacantes o debidamente necesarios, y que estén presupuestados, según lo dispuesto en el artículo 1, de la Ley núm. 41-08, de Función Pública.
