Por eso los pocos que asumen con responsabilidad estas funciones no quieren repetir, y surgen oportunistas que lo que buscan es catapultarse políticamente, prometiendo lo que ni ellos ni nadie podrá cumplir, mientras persista la castrante centralización.
Aprovechando la celebración en esta semana del día de los ayuntamientos, el gobierno anunció el lanzamiento de una estrategia para ceder competencias a los gobiernos locales, designando para ello un gabinete de descentralización, lo cual es un tardío inicio del cumplimiento de un mandato de la Constitución de 2010, que manda en su artículo 204 a que el Estado propicie la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales.
Esta descentralización es no solo una vieja aspiración en nuestro país sino un frustrado propósito, a pesar de la aprobación de distintas leyes que han perseguido este propósito, desde la Ley No. 17-97, que destinó en favor de todos los ayuntamientos el 4% del monto de la ley de gastos públicos correspondientes a los ingresos internos, porcentaje que fue aumentado a un 8% y elevado a un 10% a partir de 2005 por la Ley No. 166-03, hasta la 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Sin embargo, la asignación del 10% previsto en la ley nunca ha sido cumplida, a pesar de que una de las motivaciones de la Ley 166-03 fue que era “común el sentimiento de que el 4% que se venía destinando…. es notoriamente insuficiente…”.
Y no solo se ha incumplido el porcentaje establecido en la ley que en vez de superar el 4% como fue la intención, ni siquiera ha llegado a este porcentaje históricamente, sino que a pesar de que la Ley 176-07 derogó la disposición que ordenaba que se asignara a la Liga Municipal Dominicana (LMD) un 5% del monto destinado a los gobiernos locales, deducido del total asignado a estos, se siguió deduciendo este monto, reduciendo aún más los insuficientes recursos de los municipios.
La persistencia en el mantenimiento de la LMD, una institución creada bajo la dictadura de Trujillo en 1938, que históricamente a través de las diversas leyes que la han modificado persiguió el propósito de controlar a los gobiernos locales restándoles autonomía, ha sido parte de la voluntad centralizadora de los distintos gobiernos que se han sucedido en las décadas recientes, y aunque la Ley 176-07 la rediseñó para que se convirtiera en una entidad de asesoría técnica y de planificación, esta no cumplió con dicho propósito, y se convirtió en una entidad más de reparto del botín político.
Aunque la presente administración ha intentado cambiar ese estigma e intentado promover que la LMD cumpla con dicho rol de asesoría, ha continuado con la mala práctica de transferir recursos a esta para su ejecución presupuestaria que son similares a los recibidos por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el más importante por ser la capital, así como de transferirle recursos para la construcción de obras o asfaltados en los distintos municipios, lo que en el pasado se prestó para la politización y fue denunciado como muestra de inequidad en la campaña electoral de 2020, lo que aunque se esté manejando con criterios distintos, sigue acentuando la gran dependencia de los gobiernos locales de las transferencias del gobierno central.
El recién designado gabinete de descentralización, del cual forma parte la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), debería dar señales claras de cumplir con el mandato constitucional de transferencia de recursos y competencias, y no quedarse en la estrategia, como sería proponer que finalmente se elimine la Liga Municipal, y que se haga conciencia de la necesidad de fortalecer la generación de ingresos propios de los gobiernos locales cediéndoles el cobro de impuestos que casi en todas partes corresponden a estos. Pero se requerirá que los partidos postulen mejores candidatos a los cargos municipales, y que se modifique la ley para rediseñar su funcionamiento, pues con la atomización del territorio para aumentar los puestos, se ha disminuido no solo la función y el presupuesto, sino el perfil, propiciando que muchos de los electos tengan como único fin conseguir dinero así sea obstaculizando las inversiones y proyectos de desarrollo, y provocando que casi nadie defienda su autonomía. Por eso los pocos que asumen con responsabilidad estas funciones no quieren repetir, y surgen oportunistas que lo que buscan es catapultarse políticamente, prometiendo lo que ni ellos ni nadie podrá cumplir, mientras persista la castrante centralización.
