Las estadísticas nos dicen que al menos en un un cincuenta por ciento de los hogares dominicanos está presente la violencia. Esta abarca los distintos miembros del núcleo familiar, incluyendo los hijos, y comprende tanto la forma verbal, emocional, material, emocional y el sexo forzado hasta llegar a la agresión física, préambulo siempre presente en todos los casos de feminicidio.
Un estudio llevado a cabo por distintas instituciones que trabajan los temas de género, establece que cerca de un treinta por ciento de las mujeres casadas o bajo unión consensuada, son víctimas de violencia por parte de sus parejas. Es también elevada la cantidad de hijos menores de edad sometidos a crueles castigos corporales.
Ese mismo estudio, llevado a cabo en 33 países, sitúa a la República Dominicana como uno de los tres de la región donde se registra la mayor cantidad de feminicidios. Basándose en cifras oficiales que sitúa la cantidad de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en ochenta y tres hasta el más reciente de la joven Ani Mojica, se advierte que de continuar a este ritmo el año pudiera cerrar con ochenta y nueve feminicidios, por lo que el país pudiera finalizar con la tercera cifra más alta de la región después de Honduras y El Salvador, que ocupan los dos primeros lugares.
De hacer notar, sin embargo, que existe una fuerte discrepancia entre la cantidad de feminicidios reportada por la Procuraduría General y las que ofrecen distintas entidades civiles vinculadas a los temas de género. Estas afirman que la cifra real se sitúa entre ciento cincuenta y ciento setenta.
Otro estudio llevado a cabo por la Oficina Nacional de Estadística y el Fondo de las Naciones Unida, que acaba de ser dado a conocer, revela que el 22.3 por ciento de los niños nacidos en el país son hijos de madres adolescentes, es decir menores de dieciocho años. Esta cantidad supera con mucho el promedio de América Latina y el Caribe que alcanza al 16.5 por ciento.
Casi innecesario, por sobradamente mencionado, recrear los perjuicios que representa para la adolescente esa maternidad prematura, al tener que abandonar sus estudios y ver frenado su proceso de desarrollo humano teniendo que asumir una tarea para la cual no está preparada ni fisiológica, ni cultural, ni emocionalmente.
Y como consecuencia directa, tenemos que pudiera alcanzar al cuarenta por ciento el número de hogares uni-parentales en nuestro país, es decir donde solo está presente y a cargo del mismo uno de los miembros de la pareja. Sin temor a equivocarse, puede darse por seguro que al menos en nueve de cada diez casos, se trata de la madre, por lo general obligada a cargar con el peso de la manutención del hogar, aunque la ausencia de la pareja desentendida de cumplir con sus elementales deberes paternales. Al carecer de destrezas laborales, la madre prematura se ve limitada a realizar los trabajos más humildes y peor remunerados.
Las anteriores son cifras que estremecen y aunque ofrecidas en forma aislada se entrelazan y relacionan estrechamente. Ellas hablan por si solas y nos sitúan frente a la grave realidad social que conforman todos estos distintos elementos conectados entre si, los cuales sirven de caldo de cultivo a los altos niveles de marginalidad, pobreza y atraso que arrastramos. Arropada por el tan frecuente insulso debate de temas cotidianos de menos importancia, constituye un desafío que supera con mucho la limitación de miras de buena parte de nuestra clase política, incapaz de ver más allá de sus propios menudos intereses personales.