Santo Domingo.- La cultura del clientelismo político en la República Dominicana, quedó evidenciada en el Análisis de la encuesta de Cultura Democrática 2022-2023, realizado a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Viceministerio de Análisis Económico y Social (VAES), donde al ser encuestados los criollos normalizaron la utilización del poder como un medio para obtener favores económicos y empleos.
De acuerdo con este documento, el 66% de los dominicanos afirmó estar de acuerdo con que un amigo o familiar con un cargo público le dé un empleo; el 80.4% entiende que si colabora en la campaña de un político este está obligado a darle un empleo; mientras el 48% está de acuerdo con darle su voto a un candidato que le dé ayuda económica.
Asimismo, el texto indica que las creencias de las prácticas clientelistas están más difundidas entre la población de menor estatus socioeconómico, pero esto no significa que no existan entre la ciudadanía de mayor ingreso.
“La asociación más consistente entre las prácticas clientelares estudiadas con los niveles de ingreso es la observada en la predisposición a sufragar a cambio de ayudas puntuales personalizadas. El 63.1% de los estratos económicamente más vulnerables admite que se sentiría obligado a votar por un político que lo ayudó, pero incluso el 32.6% del grupo de mayores ingresos responde que también se sentiría obligado”.
El análisis subraya que la República Dominicana es unos de los países con mayores niveles de clientelismo político de América Latina junto a países como Guatemala, Honduras y Nicaragua.
El análisis arrojó que en la República Dominicana existe la concepción del político como padre de familia encargado de cuidar a los suyos, es decir, de proveer soluciones individuales a los problemas ciudadanos.
Específicamente el 63.3% de las personas encuestadas por la ECD, respondió que esperaba que el presidente se comportara como un padre a quien acudir. Asimismo, el 58.8% respondió que esperaba este comportamiento del alcalde, mientras un 52.9 % de un senador o diputado.