En la sociedad democrática en la que vivimos, con sus virtudes y defectos, el libre intercambio de ideas es un pilar fundamental que debe ser resguardado.
Sin embargo, sin restarle importancia a este principio esencial, no resulta beneficioso ni fortalece las instituciones que iniciativas legislativas cruciales, como la reforma del Código Penal, sigan estancadas debido a debates infructuosos.
Es sorprendente que, después de dos décadas, el país aún carezca de un Código Penal actualizado y efectivo para enfrentar la criminalidad en todas sus formas. Delitos atroces que han conmocionado a la sociedad reciben sanciones desproporcionadas en comparación con su gravedad, debido a que los jueces deben aplicar una normativa obsoleta. Como resultado, los tribunales no pueden dictar sentencias ejemplares que, además de castigar, sirvan como un elemento disuasivo para prevenir futuras tragedias.
Si el principal obstáculo para lograr consenso en la aprobación del Código Penal son las tres causales del aborto, ¿por qué no optar por la alternativa de excluirlas de esta legislación y tratarlas en una ley especial, como se ha propuesto? Mantener vigente un Código Penal desfasado es una irresponsabilidad social que atenta contra el Estado de Derecho y la protección que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos frente al crimen y la delincuencia en todas sus expresiones.
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