Redacción.- La tarde de este lunes, estudiantes normalistas de Ayotzinapa, localizado en el estado mexicano Guerrero, lanzaron petardos a la fachada del Palacio Nacional en la Ciudad de México, sede del poder Ejecutivo Mexicano.
Se dio a conocer a través de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México, que al menos 26 uniformados resultaron lesionados en este hecho catastrófico.
«En el sitio, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), en siete ambulancias, atendieron a 26 uniformados que presentaban heridas en su mayoría en las piernas, los brazos y los glúteos; todos fueron trasladados a distintos hospitales para que reciban la atención médica especializada que requieren», dice la información.
La manifestación y posterior acción de lanzamiento de petardos se llevó a cabo luego de darse a conocer la salida de prisión del Campo Militar 1-A de ocho militares acusados de delincuencia organizada en el caso de 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en 2014, explicó El Universal.
La manifestación fue iniciada por los normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos, en la Plancha de la Constitución, con la finalidad de requerir una audiencia con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, referente al caso Ayotzinapa, de igual forma, sobre los beneficios que fueron otorgados a los militares procesados.
La semana pasada, la jueza adscrita al circuito judicial de Toluca, Raquel Duarte Cedillo, concedió la petición solicitada de otorgar libertad provisional a ocho miliares sindicados vinculados al caso Ayotzinapa por la desaparición forzada y delincuencia organizada.
Duarte concedió, por segunda vez, un cambio en la medida cautelar de los funcionarios Juan Sotelo, Omar Torres, Uri Yashiel, Ramiro Roberto de los Santos, Gustavo Rodríguez, Eloy Estrada y Juan Andrés, quienes integran los Batallones 27 y 41 de Infantería del estado de Guerrero.
La jueza explicó que militares puestos en libertad, deberán pagar una garantía de 100.000 pesos, (cerca de los 6.000 dólares), la prohibición de salida del país, la comparecencia en el juzgado cada 15 días, el impedimento de mantener contacto con testigos o victimas del caso y la entrega de pasaportes.
