Bogotá.- El Gobierno colombiano indemnizó este martes a 1.500 víctimas de las 106.337 que han sido priorizadas por su especial condición de vulnerabilidad, en aras de avanzar en el gran rezago que existe en Colombia para reparar a las más de 9 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado.
«Este mes, que es de la conmemoración de las víctimas (cuyo día nacional es el 9 de abril), vamos a indemnizar a 32.000 personas y esperamos el próximo año culminar con esas 106.000 personas que están en esta ruta, contribuyendo así desde este Gobierno a la superación de esos rezagos», aseguró a la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón.
Casi el 80 % de las personas que serán indemnizadas en este priorización son mayores de 68 años, mientras que también hay personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, para las que se destinará parte de los 4,4 billones de pesos (1.100 millones de dólares o 1.000 millones de euros) que el Gobierno tiene para víctimas en cuatro años, el presupuesto más alto de la historia.
Durante el acto celebrado por el Día Nacional de Víctimas en Bogotá, la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, entregó a varias víctimas las cartas que les acreditaban la indemnización.
Entre ellas, Anabel Pulido, una indígena wayuu, víctima de desplazamiento y violencia sexual, que aseguró a EFE: «el que el día de hoy nos estén restituyendo y nos estén dando una indemnización, no significa que vayamos a tener la vida que teníamos antes».
«Es un dolor que llevamos por dentro y que cada uno vive», alegó e hizo un llamado a la resiliciencia y a «dejar el pasado atrás» para «renacer de las cenizas»
Ahora va a destinar la indemnización para poder construir un negocio turístico en su comunidad, un proyecto que tuvo que dejar aparcado por el conflicto.
Según el Registro Único de Víctimas, el conflicto armado ha dejado desde 1996, 9.659.204 víctimas, lo que supone que dos de cada diez colombianos han padecido las consecuencias de la violencia, ya sea por verse obligados a desplazarse, porque hayan asesinado o desaparecido a un familiar o hayan sido víctimas de abusos como violencia sexual, amenazas, secuestros, atentados, combates o despojos de tierras.
Desde 2012, el Estado colombiano ha pagado 9,2 billones de pesos (2.400 millones de dólares o 2.200 millones de euros) en indemnizaciones, pero apenas se han realizado 1,5 millones de indemnizaciones a unos 1,4 millones de personas.
«La deuda que las víctimas tienen con este país es una deuda enorme que pasa por cambios estructurales», aseveró Márquez hoy en el evento, aludiendo a que además del conflicto, muchas zonas de Colombia son «víctimas del abandono del Estado y la exclusión».
Por eso, más allá de las indemnizaciones, el Gobierno quiere apostar por llegar a los territorios para dar «respuestas integrales a todas las víctimas».
«El presidente Gustavo Petro ha vivido el horror de la guerra y yo también porque fui víctima del conflicto armado y sé el dolor que significa el desplazamiento forzado, sé el dolor de una mamá por evitar que su hijo sea reclutado por un grupo armado, sé lo que significa que alguien se desplace y no tenga un bocado que meterle a la boca a sus hijos», alegó Márquez, que aseguró que el fin es «devolverle la dignidad a estas más de 10 millones de víctimas del conflicto armado».