¿Cómo Haití se convirtió en el país de la catástrofe permanente?

REDACCIÓN.- Una vez más, Haití está sacudido desde sus cimientos por una crisis de alcances imprevisibles. El país más pobre de América entró en territorio desconocido esta madrugada con el magnicidio de Jovenel Moise, presidente desde febrero de 2017.

“El Presidente fue asesinado en su casa por extranjeros que hablaban inglés y español”, informó el primer ministro Claude Joseph sobre el extraño ataque perpetrado, aparentemente, por mercenarios, en el que también resultó herida de bala la primera dama.

Una historia de catástrofes

Haití fue una de las primeras naciones de América en declarar su independencia. Fue en 1804, tras el triunfo de una larga e inédita revolución de esclavos contra los colonizadores franceses. No obstante, a pesar de ser un país pionero en muchos sentidos, nunca pudo establecer un Estado plenamente operativo ni una economía funcional.

Con un PIB per cápita de 730 dólares, Haití es el uno de los países más pobres del mundo. Tiene el Índice de Desarrollo Humano más bajo de la región (0,503) y está 169 sobre 189 países a nivel global. Según el Banco Mundial, cerca del 60% de la población es completamente pobre.

El siglo XX hatiano estuvo marcado por la sanguinaria dictadura de François Papa Doc Duvalier y su hijo Jean-Claude Baby Doc, que se adueñaron del Estado entre 1957 y 1986. Para entender cómo ejercieron el poder basta con decir que hasta comienzos de los 90, Haití no tenía una policía civil. La fuerza que custodiaba las calles de Puerto Príncipe dependía directamente del Ejército, que más que una institución era un conjunto de pandillas con uniforme. Pero los Duvalier no solo se apoyaron en las Fuerzas Armadas para gobernar, sino en grupos paramilitares, como los Tonton Macoute. Tras la disolución formal de estos en 1986, muchos se volvieron uniformados.

Jean-Claude Duvalier se había autoproclamado “presidente vitalicio” en 1971, a los 19 años, cuando heredó el trono tras la muerte de su padre. Pero en 1986 Baby Doc se exilió tras un levantamiento popular contra los múltiples abusos cometidos por su régimen, condenado internacionalmente. Lo que vino después fue una larga sucesión de gobiernos democráticos, interrumpidos por golpes militares.

El Ejército tomó el poder tras la caída de Duvalier y lo mantuvo durante cinco años hasta que Jean-Bertrand Aristide se convirtió en febrero de 1991 en el primer presidente democráticamente electo del país. Uno de sus principales desafíos fue crear unas fuerzas de seguridad democráticas. El tamaño del reto quedó evidenciado en septiembre de ese año, cuando un golpe militar lo destituyó a solo siete meses de haber asumido.

Gracias a la combinación de la presión interna y externa, Aristide pudo regresar al país en 1994 para completar su mandato. Al año siguiente, el Gobierno disolvió las Fuerzas Armadas y fundó la Policía Nacional Haitiana (PNH). El objetivo era crear una organización totalmente nueva, asentada sobre la base de valores democráticos. Pero la realidad de las reformas institucionales es que los elementos de continuidad suelen primar por sobre los de ruptura. Muchos antiguos militares se reciclaron como policías y, aunque algunas prácticas del pasado fueron abandonadas, muchas otras otras sobrevivieron.

En 1996, Aristide completó su mandato y entregó el poder a su heredero político, el ex primer ministro René Preval, que había ganado las elecciones presidenciales. Fue la primera transición democrática en Haití. Aristide volvió al poder en 2001, pero esa transición no fue igual: la votación estuvo plagada de denuncias de fraude. En 2004, tras meses de una tensión creciente, un nuevo golpe de Estado, perpetrado esta vez por paramilitares, lo desplazó.

Aristide se exilió en Sudáfrica y la ONU tomó el control del país durante dos años, enviando también una fuerza de paz. En 2006 volvieron a realizarse elecciones y Preval ganó por un estrecho margen. Entonces se inauguró un período de 13 años consecutivos de democracia formal. Pero una democracia de muy baja intensidad, que quedó irremediablemente dañada por la peor tragedia en la historia del país.

El martes 12 de enero de 2010 un terremoto de 7 grados de magnitud hizo colapsar a la mitad oeste de la isla La Española. Más de 300.000 personas murieron y un millón y medio se quedaron sin casa. Cientos de miles fueron trasladadas a campamentos improvisados —muchos siguen instalados allí—, y Puerto Príncipe quedó parcialmente destruida. Desde ese momento, el país entró en un círculo vicioso de dependencia de la ayuda humanitaria provista por la comunidad internacional, que también tuvo que enviar sucesivas misiones de paz para establecer cierto orden en medio del caos.

Los comicios presidenciales que debían realizarse a comienzos de año fueron pospuestos varios meses, hasta que la primera vuelta se realizó el 28 de noviembre de 2010, con una participación de apenas el 22% de las personas habilitadas a votar. Michel Martelly se impuso en el ballotage a Mirlande Manigat, pero los resultados también fueron muy discutidos.

La larga crisis del gobierno de Jovenel Moise

Moise se hizo conocido como empresario bananero. A pesar de no tener experiencia política, ingresó al círculo de confianza de Martelly durante su presidencia. Inesperadamente para muchos, en 2015 lo propuso como candidato a sucederlo por el Partido Haitiano Tèt Kale.

Visto como alguien ajeno a la partidocracia, sedujo un poco a una parte del electorado ávida de un rostro nuevo en la política hatiana. Y, como nació en la pequeña comuna de Trou-du-Nord, pudo generar cierta empatía con los sectores rurales de menores recursos. Pero nunca llegó a ser una figura verdaderamente popular.

“Sin apoyo popular, los líderes de Haití gobiernan a través de un sistema de patronazgo, que desvía recursos públicos hacia quienes los apoyan. Esto ha causado grandes problemas económicos: déficit fiscal récord, inflación de dos dígitos desde hace años, y devaluación del 50% del gourde, la moneda local. Millones de personas que vivían al borde de la desesperación cayeron por el precipicio. Hay familias que no pueden comer, mandar a sus hijos a la escuela ni acceder a una salud básica. Es el resultado de décadas de pobreza, desigualdad y horadación de los derechos humanos por parte de las elites hatianas y de la comunidad internacional”, afirmó Beatrice Lindstrom, directora legal del Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití, consultada por Infobae en una entrevista reciente.

Moise ganó las elecciones de octubre de 2015 con el 32% de los votos. Pero Jude Célestin, que salió segundo con un 25%, denunció que hubo fraude y no reconoció los resultados. La convulsión social fue tan grande que se creó una comisión investigadora. Meses después, el ente confirmó las irregularidades y recomendó repetir los comicios.

Moise volvió a ganar el 20 de noviembre de 2016, con una diferencia mucho más clara: obtuvo 55% frente a 19% de Célestin. El proceso volvió a estar atravesado por controversias de todo tipo, pero el empresario fue finalmente declarado presidente y asumió el 7 de febrero de 2017. Un dato crucial para entender su precaria legitimidad es que participó apenas el 21% del padrón. Es decir que lo respaldó sólo el 11% de las personas habilitadas para sufragar.

“Como en las elecciones de 2015, hubo reportes de un masivo rellenado de urnas y planillas de votación fueron halladas en el piso el día siguiente. Si bien Moise fue apoyado por los empresarios y por los países donantes que financiaron la votación y el presupuesto gubernamental, la mayoría de los hatianos rechazó el resultado y nunca lo vio como su legítimo líder”, explicó recientemente a Infobae Robert Muggah, cofundador y director de investigaciones del Instituto Igarapé.

Moise asumió con una legitimidad totalmente mellada. Consciente de eso, restableció al Ejército, evidenciando su decisión de apelar a la fuerza para sostenerse en el mando en caso de que fuera necesario. Rápidamente tuvo que enfrentar un escándalo: la denuncia de la malversación de millones de dólares de un fondo creado con recursos de Petrocaribe, el programa impulsado por Hugo Chávez para la venta de petróleo barato a países del Caribe a cambio de lealtad. El caso, que se conoció en 2018 justo cuando el entonces primer ministro Jack Guy Lafontant intentó subir el precio de la gasolina, lo que desató una ola de masivas protestas, que fueron brutalmente reprimidas.

El Tribunal de Cuentas de Haití presentó el 1 de febrero de 2019 un reporte parcial de una investigación sobre lo que pasó con los fondos de Petrocaribe con algunas conclusiones explosivas. Además de confirmar el desvío de al menos 2.000 millones de dólares, reveló que una empresa dirigida por Moise antes de ser presidente estaba entre las que habían recibido fondos a cambio de obras que no se concretaron.

La indignación fue generalizada y el estallido fue mucho mayor a los anteriores. Los manifestantes no sólo reclamaban Justicia, pedían la renuncia de Moise, que buscó aferrarse al cargo con una combinación de represión y llamados al diálogo.

Antes de que se calmara esa crisis emergió otra el año pasado. Durante varios meses, un sector de la policía empezó a reclamar en la calle contra el gobierno. Por momentos, apelando a métodos más propios de una banda criminal que de una fuerza del orden. Realizar disparos intimidatorios al aire e incendiar autos eran algunos ejemplos.

El malestar de base eran los bajos salarios. Los policías pedían también reconocimiento sindical para negociar con el gobierno, que terminó accediendo. Pero no fue suficiente para destrabar un conflicto que se agravó tras el arresto de cinco agentes que se ausentaron de la custodia que tenían asignada al presidente del Colegio de Abogados, que terminó siendo asesinado.

Lo que comenzó como un reclamo por los sueldos de miseria, una problemática común a gran parte de América Latina, se transformó en una revuelta que puso en jaque al muy endeble orden institucional hatiano. El sector más radicalizado de los uniformados, que se hace llamar “Fantom 509”, prometía prender fuego el país si no liberaban a sus colegas. No lograron incendiar todo Haití, pero sí gran parte.

La pandemia abrió un nuevo episodio en esta sucesión de crisis. Le permitió a Moise evitar la convocatoria a elecciones legislativas y, ante la conclusión del mandato de los miembros del Parlamento, gobernar sin Poder Legislativo durante un año y medio, apelando a simples decretos.

Como si fuera poco, la oposición no reconocía la legitimidad de Moise desde el 7 de febrero pasado, fecha en la que consideraba que había terminado su mandato, debido a una interpretación de un artículo de la Constitución, que permitiría entender que su Gobierno comenzó en febrero de 2016, cuando tendría que haberse iniciado si no se hubieran repetido los comicios de 2015.

Los opositores que buscaban poner fin al gobierno de Moise declararon al juez de la Corte Suprema Joseph Mécène Jean-Louis como presidente interino. Esa medida se produjo un día después de que Moise anunciara que la policía había arrestado a más de 20 personas a las que acusó de intentar matarlo y derrocar a su gobierno, incluido el juez Joseph Mécène Jean-Louis.

Moise logró sostenerse en el cargo, pero estaba cada vez más debilitado. Ya se había ganado la enemistad de parte de las familias que controlan negocios clave en el país, como la energía, la telefonía o la banca. Y también estaba acechado por las cada vez más poderosas bandas armadas que controlan numerosas barriadas pobres de Puerto Príncipe.

La violencia de las bandas recrudeció desde comienzos de junio, en especial por la acción de G9 an Fanmi e Alye, una federación de pandillas que hasta hace poco se consideraba en la órbita del Gobierno y que en las últimas semanas le declaró la guerra a Moise. Los conflictos entre estos grupos han causado decenas de muertos y heridos y al menos 17.000 desplazados desde el comienzo de junio por los enfrentamientos en barrios como Martissant y Delmas.

El magnicidio de Moise se produjo horas después de su último gesto para intentar contener la crisis: el desplazamiento de Claude Joseph —primer ministro interino desde abril— y el nombramiento del opositor Ariel Henry en su lugar como séptimo primer ministro en cuatro años. Pero lo cierto es que Henry nunca llegó a asumir y fue Joseph quien comunicó oficialmente la muerte de Moise y quien asumió de hecho sus funciones, decretando el cierre de fronteras y el Estado de sitio.

En este contexto, quedaron en una nebulosa las elecciones presidenciales y legislativas que habían sido convocadas para el próximo 26 de septiembre, junto a un referéndum con el que Moise buscaba una ilegal reforma constitucional para darle más poderes al Ejecutivo. Haití, una vez más, se debate entre la desgracia y la incertidumbre.

Fuente: Infobae