SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La agrupación de comunicadores católicos Signis República Dominicana solicitó a las cámaras legislativas y a la sociedad en general rechazar los discursos de odio y tergiversadores que contaminan el debate en torno a los efectos de la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, y el plan de naturalización que someterá el Poder Ejecutivo.
En cambio, solicitó buscar una salida humanitaria, solidaria y apegada a los derechos fundamentales a favor de las personas afectadas por el fallo, que niega la nacionalidad a la población nativa descendiente de inmigrantes irregulares.
En ese sentido, calificó como ruidos comunicacionales tratar el tema como un asunto de soberanía en materia migratoria, o como una concesión al Estado haitiano, un discurso que, a su juicio, se ha usado históricamente para eludir cuestionamientos en materia de derechos humanos y para sacar provecho político electoral.
El grupo, asociado a una red mundial de comunicadores Signis, emitió un documento en el que afirma que argumentar el derecho de República Dominicana a controlar su migración o resaltar la ayuda a Haití durante el terremoto de 2012 constituyen discursos que sacan de contexto y desvirtúan el debate sobre la sentencia, que afecta a decenas de miles de ciudadanos con ascendencia foránea.
“Constituyen respuestas, unas veces asumidas por las autoridades estatales y otras por diversos sectores políticos y económicos, que contaminan, evaden y diluyen la discusión real del tema atinente a la sentencia del Tribunal Constitucional”, sostiene la institución en el documento titulado “Por un debate honesto y una respuesta humanitaria a la sentencia 168-13”.
Asegura que Juliana Deguis y otros afectados con el fallo del Tribunal Constitucional nacieron en República Dominicana y fueron reconocidos por el orden legal y constitucional dominicano y ahora se ven despojados de sus documentos, sin poder realizar ningún acto que les permita integrarse a la sociedad o tener acceso a servicios fundamentales.
“Se trata pues de un tema originado en territorio dominicano y que afecta a gente que no ingresó por ninguna frontera, sino que nació en estas tierras hace entre 20 y 30 años en la mayoría de los casos”, declara Signis República Dominicana.
Opina además que el retiro o negación del acta de nacimiento o la cédula, por parte de la Junta Central Electoral, acorrala a la población descendiente de extranjeros, principalmente en el caso haitiano, situación que se suma a lo que llama un discurso de odio, apoyado en el supuesto plan de invasión haitiana.
Este tipo de campaña, que sitúa a ese segmento de la población más pobre como enemigo de la patria, junto al aislamiento social y el estrangulamiento económico ya citados, sí puede crear un verdadero problema social de gueto y apandillamiento que podría traer los problemas de enfrentamientos raciales estructurales de los que hoy está exenta República Dominicana”.
Instó a no ver el tema como un diferendo jurídico en el que caben todos los argumentos, sino como un drama humano de decenas de miles de personas a las que el Estado les está limitando todas las opciones de vida y necesitan una solución que les reintegre a la sociedad sin vulnerar sus derechos”.
Sobre Signis República Dominicana
Signis República Dominicana es una organización católica de comunicadores que promueve la comunicación ética y solidaria, propiciadora de un desarrollo humano sostenible e incluyente, inspirado en los valores del evangelio.
A través de Signis América Latina y Caribe está asociada a una vasta experiencia de trabajo comunicacional a favor de la justicia social y de acompañamiento a los sectores sociales empobrecidos o marginados, así como a la promoción de valores humanos y cristianos a través de la distintas expresiones del arte y la comunicación.
Signis Mundial
SIGNIS es una organización no gubernamental que cuenta con miembros en 140 países del mundo. Como «asociación católica mundial para la comunicación», agrupa a los profesionales de radio, televisión, cine, vídeo, educación para los medios, internet y nuevas tecnologías.
Nació en noviembre de 2001 de la unión entre dos organizaciones (Unda, para la radio y televsión; OCIC, para el cine y audiovisuales) que se crearon en 1928 y cuyo amplio programa cubre diversos dominios, como el de la promoción de películas o de programas de televisión (jurados en los grandes festivales: Cannes, Berlín, Montecarlo, Venecia, Ouagadougou…), la creación de estudios de radio, de vídeo, de televisión, la producción y la distribución de programas, la provisión de equipo especializado, la formación de profesionales… SIGNIS tiene estatus de miembro consultor ante la Unesco, Escosoc (Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York), el Consejo de Europa. Signis está oficialmente reconocida por el Vaticano como organización católica para la comunicación
Declaración íntegra
Por un debate honesto y una respuesta humanitaria a la sentencia 168-13
Ante los alcances de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional sobre el caso de Juliana Deguis y otras sucesivas y de efectos similares sobre la nacionalidad de la población descendiente de inmigrantes irregulares, Signis República Dominicana llama al Estado y a la sociedad a atender el tema con un enfoque humanitario, social y solidario y enfocado en los derechos fundamentales de las personas.
Orientada por el sentido de justicia que inspira la fe cristiana y el principio de derechos humanos que proclaman la Constitución Dominicana y los acuerdos internacionales consignados en ella, esta organización de comunicadores católicos quiere hacer un llamado sobre la necesidad de un diálogo social respetuoso y una dinámica de comunicación constructiva en torno al tema, que deje de lado los ruidos y distorsiones comunicacionales que puedan alejar cualquier respuesta estatal de la esencia del problema.
El llamado se torna mucho más propicio y necesario en estos momentos en que el Poder Ejecutivo, en la persona del presidente de la República, Danilo Medina, se prepara para someter al Congreso Nacional un proyecto de ley de naturalización de hijos de extranjeros que ingresaron al país de manera irregular. El conocimiento, estudio y discusión de dicha iniciativa legal abrirán, sin dudas, un nuevo debate nacional y legislativo, en el que se revivirán las disidencias de los sectores enfrentados en torno al tema.
Signis cree honesto y prudente dejar de tratar el caso de la sentencia 168-13 y de los miles de afectados como problema de migración; tampoco puede verse como un conflicto de relación diplomática con Haití o con cualquier otra nación que se registre como origen de los precitados y tampoco como una amenaza a la soberanía de República Dominicana.
El caso de las decenas de miles de hijos de inmigrantes irregulares, sobre los que recae la decisión del Tribunal Constitucional de considerarlos no dominicanos, hay que tratarlo como la respuesta de un Estado ante un segmento poblacional del país que ha nacido y crecido bajo el reconocimiento legal y constitucional, en adición a la fuerza del suelo y las costumbres, y ahora se ve despojado de dicho reconocimiento, quedando en una situación de incertidumbre y estancamiento que troncha sus sueños y reduce al mínimo sus oportunidades y las de sus hijos.
Se trata pues de un tema originado en territorio dominicano y que afecta a gente que no ingresó por ninguna frontera, sino que nació en estas tierras hace entre 20 y 30 años en la mayoría de los casos.
Ruidos propagandísticos
El alegar que República Dominicana fue el primer país y el más entusiasta de los que acudieron en ayuda de Haití ante el desastre del terremoto de enero de 2010 o que República Dominicana es una nación soberana con derecho a controlar el ingreso de extranjeros por sus fronteras, terrestres, aéreas o marítimas, o que le confiere el derecho de deportar a aquellas personas que hayan ingresado de manera irregular constituyen respuestas, unas veces asumidas por las autoridades estatales y otras por diversos sectores políticos y económicos, que contaminan, evaden y diluyen la discusión real del tema atinente a la sentencia del Tribunal Constitucional.
Esta organización entiende que República Dominicana es un país soberano, libre e independiente, con derecho a proteger la soberanía sobre sus territorios, pero rechaza que este enfoque sea introducido para contaminar el debate sobre los problemas devenidos de la sentencia 168-13 y las vías de solución.
Una muestra fehaciente de que el tema fronterizo ha sido utilizado como subterfugio y doble moral por el Estado y los sectores dominantes de la nación es que en años, ni siquiera con la aprobación de la Ley de Migración 2004, se han producido cambios extraordinarios que controlen el flujo de indocumentados desde Haití a República Dominicana, en un negocio que a muchos lucra y debilita la institucionalidad. Esta situación queda evidenciada cada vez que ocurre un accidente con algún camión u otro vehículo cargado de haitianos traídos por grupos que se dedican al tráfico y trata de personas.
Ahora que el Congreso Nacional tendrá que debatir la propuesta del presidente Medina, se hace sumamente necesario, para la sanidad del debate, diferenciar este tema de todo lo relacionado con las políticas y acciones de migración y de los argumentos sobre la relación del pueblo dominicano con el haitiano.
Nacer no es un delito
Si bien es cierto que los países regulan la asunción de su nacionalidad con base en unos parámetros relacionados con la condición de sus padres, nacer no puede constituir en sí un delito ni en contra del Estado ni en contra de las demás personas, por lo que esta organización condena el trato vejatorio que han recibido miles de hijos de haitianos cuando acuden a algunas instancias de la Junta Central Electoral y de otros organismos a gestionar su documentación.
Decenas de miles de hijos de trabajadores haitianos, la mayoría obreros cañeros traídos y mantenidos en el país por los gobiernos de República Dominicana para el corte de la caña de azúcar, se ven impedidos desde 2007, de manera administrativa por parte de la Junta Central Electoral, de tener acceso a fuentes de empleo, de continuar sus estudios universitarios o ejercer las profesiones alcanzadas en ese proceso, de contar con los beneficios de seguridad social y hasta de ingresar a organizaciones y sistemas de competición deportiva, todo eso, simplemente por el retiro o la negación de un documento, como la cédula y/o el acta de nacimiento.
Son documentos que ahora les niega el país de donde nacieron, sin que existan posibilidades reales de que los obtengan de otra nación, fruto principalmente de la falta de institucionalidad con que el Estado dominicano manejó el tema de la mano de obra haitiana.
La sentencia le da carácter definitorio a esta situación, aunque bien ordena a la JCE que no puede abrogarse el derecho de retirar un acta o cédula que ya ha emitido sin agotar el procedimiento de someter a un tribunal la solicitud de nulidad.
Odio improductivo
Declarar como extranjeros a Juliana Deguis y a todos cuyos padres no tenían una cédula dominicana implica además someterlos a procedimientos legales y a tratamientos tarifarios en educación, salud y otros servicios fundamentales que resultan inalcanzables para la mayoría de la población dominicana y quizás para la totalidad de quienes descienden de aquellos obreros que prestaron sus brazos y quemaron sus frentes para hacer del sistema azucarero, del sector agropecuario y de la construcción industrias pujantes para República Dominicana, cada una en su momento.
Por tanto este trascendental fallo ahonda las condiciones de pobreza de estos ciudadanos y ciudadanas y en nada se beneficia el país de grupos que poco puedan aportar al aparato productivo.
Basta de fomentar el odio a los inmigrantes y a sus descendientes, ningún país ha avanzado sobre la base del odio. Ya en la década de 1940 el profesor Juan Bosch cuestionaba “cómo es posible amar al propio pueblo y despreciar al ajeno; cómo es posible querer a los hijos de uno al tiempo que se odia a los hijos del vecino”. En tales términos se expresó en una carta en la que criticaba el “nacionalismo intransigente”, dirigida a los intelectuales dominicanos Emilio Rodríguez Demorizi, Héctor Incháustegui Cabral y Ramón Marrero Aristy.
Signis República Dominicana rechaza pues el odio social fomentado por voces que vinculan a los descendientes de haitianos y a quienes critican la sentencia 168-13 con un supuesto plan de invasión haitiana o de unificación de la isla. Este tipo de campaña, que sitúa a ese segmento como enemigo de la patria, junto al aislamiento social y el estrangulamiento económico ya citados, puede sí crear un verdadero problema social de gueto y apandillamiento que podría traer los problemas de enfrentamientos raciales estructurales de los que hoy está exenta República Dominicana.
En el sentido más favorable a la persona
En cuanto a los aspectos jurídicos de la sentencia, Signis República Dominicana reconoce la fuerza legal del Tribunal Constitucional para conocer y sancionar los casos relacionados con la interpretación constitucional, pero inspirada en la propia Constitución, en sus artículos 7 y 8, entiende que el dispositivo sexto de la sentencia 168-13 trata todos los nacimientos registrados desde 1929 como si se hubiesen producido bajo el mando de la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010. Es esta norma, y no las anteriores, la que excluye del sistema de jus solis a los hijos de los extranjeros que ingresaron al país de manera irregular.
Apelamos también a la Constitución dominicana, cuando en su artículo 74, numeral 4, establece que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurará armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución”.
Desdeña la sentencia también la fuerza del derecho consuetudinario, fuente de toda corriente jurídica y que en el caso de los hijos y nietos de trabajadores haitianos, se trata de un grupo social que, no habiendo visto otro sol que el que brilla de este lado de Quisqueya, ha abrazado la cultura y la idiosincrasia del dominicano y la dominicana.
En el debate al que posiblemente se someterán los congresistas dominicanos cuando conozcan el proyecto de ley que presente el Gobierno, la discusión deberá guiarse a la luz del efecto de la sentencia, de las calidades legales en torno a dicho fallo, a los derechos humanos consignados en la Constitución y los convenios internacionales reconocidos en ella, y a la posibilidad de encontrar una respuesta estatal al alcance del fallo que ni vulnere los derechos de los afectados, ni los someta al trato dado a los extranjeros, con procedimientos que contribuyan a acentuar la pobreza de ese conglomerado social.
Apelamos al principio cristiano de la solidaridad, que implica amar al prójimo como a ti mismo, que sería amar a un importante segmento de la población, que está reclamando su derecho a ser dominicanos y dominicanas. Nos acogemos al mandato de Signis América Latina y Caribe, de acompañar con una comunicación incluyente y solidaria a las comunidades más vulnerables en todos los pueblos de América Latina.
No veamos a los descendientes de extranjeros como un caso jurídico donde todas las argumentaciones son propicias a ser debatidas, sino como un drama humano de decenas de miles de personas a las que el Estado les está cortando todas las opciones de vida y necesitan una solución que les reintegre a la sociedad sin vulnerar sus derechos.
Signis República Dominicana reclama pues sacar de la discusión sobre la sentencia 138-13 todos los ruidos y distorsiones comunicacionales que atentan contra una solución humanitaria, solidaria y de justicia para la población descendiente de inmigrantes. Llama a rechazar los discursos de odio y toda la propaganda que en materia migratoria se ha utilizado para captar votos y enajenar a la población.
POR LA DIRECTIVA:
Nicanor Leyba Albida Segura
Presidente Vicepresidenta
Amalia Contreras Frank Milton Pérez Descorides de la Rosa
Directora Director Director
FIRMAS DE RESPALDO:
Ana Bélgica Güichardo
P. Miguel Ángel Gullón, OP.
P. Eduardo García Tamayo, SJ.
Humberto Vandenbulcke
Naivi Frías
Félix Manuel Lora
Isaías Ortiz
Wendy de la Cruz Lara
