Comunidades campesinas bloquean acceso a La Sierra en protesta por intento de despojo de tierras
El Comité de Lucha de la Sierra denuncia que Jerez pretende adueñarse de 140 mil tareas, afectando a 600 familias en Cenoví y Coquí. Las comunidades rurales se oponen firmemente.
San Francisco de Macorís.–San Francisco de Macorís.- El acceso a la zona de La Sierra, en la entrada de Ranco Quemado, está totalmente bloqueado este lunes debido a una jornada de protesta organizada por comunidades campesinas. La manifestación responde al rechazo rotundo de estas comunidades a lo que califican como un intento de despojo de sus tierras por parte del exdiputado Alejandro Jerez Espinal.
Según denuncias del Comité de Lucha de la Sierra, el exlegislador pretende adueñarse de más de 140 mil tareas de tierra, que abarcan desde la sección de Cenoví hasta Coquí, impactando directamente a dos secciones rurales y 16 comunidades. La medida afectaría de forma directa a unas 600 familias campesinas que, por generaciones, han vivido y trabajado esas tierras.
“No vamos a permitir que nos quiten lo que es nuestro. Esta tierra la trabajamos nosotros y de aquí no nos moverán”, expresó Monsito Torres, miembro del Comité de Lucha, durante la concentración.
Los líderes comunitarios aseguraron que la zona está militarizada y que se mantendrán firmes en su lucha hasta que las autoridades competentes intervengan de manera justa.
El Comité de Lucha, encabezado por Francisco Guarilnex Hernández, junto al regidor Héctor Collado y el dirigente comunitario Monsito Torres, coordina las acciones de resistencia en el territorio. También participan de forma activa líderes y voceros de las comunidades, quienes acusan a Jerez Espinal de intentar apropiarse de los terrenos de manera irregular.
“Esto no es solo un tema de tierra, es un tema de dignidad y de justicia. No estamos solos y no nos vamos a rendir”, manifestó el regidor Héctor Collado frente a una multitud visiblemente indignada.
Miembros de las comunidades afectadas también alzaron su voz. Kenia Rodríguez, agricultora de la zona, pidió la intervención urgente del Gobierno para frenar lo que considera una “barbarie legal contra los más pobres”.
Por su parte, Elsa Altagracia Núñez, residente de una de las comunidades en riesgo, expresó:
“Nadie nos ha regalado nada. Esta tierra es el fruto del esfuerzo de nuestras familias por décadas”.
Félix Mendoza, otro de los afectados, señaló que se mantendrán en vigilia permanente hasta que se les garantice la permanencia en sus predios y se detenga cualquier intento de desalojo.
