En tanto los inocentes son: el expresidente del Senado, Andrés Bautista; el abogado Conrado Pittaluga y el exdirector de Inapa, Juan Roberto Rodríguez.
SANTO DOMINGO.- Tras una audiencia de más de dos horas, las juezas del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenaron a 8 y 5 años de prisión a el empresario Ángel Rondón Rijo y al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, respectivamente, luego de determinar la responsabilidad penal y ser hallados culpables de soborno y lavado de activos en el caso Odebrecht.
En su sentencia las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo declararon la absolución de los imputados Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán y Juan Roberto Rodríguez Hernández contra quienes no fueron aportadas pruebas que comprometieran su responsabilidad penal.El tribunal no acogió todos los requerimientos, ni acusaciones de los fiscales que por ejemplo en el caso de Ángel Rondón lo acusaban de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos.
A Víctor Díaz Rúa le imputaron soborno, enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas y lavado de activos, estos son los mismos delitos atribuidos al ex senador Tommy Galán.
Mientras que Andrés Bautista fue señalado por soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Conrado Pittaluga, según la Fiscalía había incurrido en soborno, enriquecimiento patrimonial ilícito y lavado de activos, en tanto que a Roberto Rodríguez fue acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos
El Ministerio Público había solicitado condenas de 10 años de prisión contra Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa.
Para el imputado Conrado Pittaluga Arzeno, la Pepca pedía una pena de siete años de prisión, mientras que para los coimputados Tommy Alberto Galán Grullón, Porfirio Andrés Bautista García y Juan Roberto Rodríguez Hernández requirió cinco años tras los barrotes.
Además, los fiscales le solicitaron al tribunal que todos los encartados sean condenados al pago de una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado dominicano y que sean sentenciados al pago de las costas del proceso.