SANTO DOMINGO- El Tribunal Superior Administrativo (TSA), tras conocer el amparo del sector social, en contra del Consejo Económico y Social (CES), por la firma del pacto eléctrico, se destapó evacuando una sentencia de inadmisión, tras considerar que la competencia del reclamo corresponde al mismo tribunal, pero en materia contencioso administrativa.
El TSA basó su decisión, en que a juicio de los magistrados existe una vía judicial de mayor garantía para conocer el referido amparo, lo que sin lugar a dudas constituye una burla, toda vez, de que en esa jurisdicción se dura, hasta 4 años y más, para conocer por vía ordinaria de cualquier litigio que se le someta.
El sector social acreditado en lo que fueran las discusiones para la elaboración y firma del pacto eléctrico, lamentó que los jueces hicieran como Poncio Pilato, y se lavaran las manos, rehuyendo a sus responsabilidades y dejando el reclamo en un limbo, sin decisión, ni en un sentido, ni en otro, más bien remitiendo el amparo a una especie de círculo vicioso.
Los convocantes, recordaron que tuvieron que acudir a la justicia buscando restaurar la institucionalidad, violada y resquebrajada por la firma del pacto eléctrico el pasado 25 de febrero, de forma excluyente e ilegítima, sin haberse concluido, además de violatorio a los derechos fundamentales de los usuarios del sistema eléctrico, al debido proceso de ley, al debido proceso administrativo, este último como consecuencia derivada del derecho fundamental a la buena administración, a las leyes Nos. 107-13, 1-12, 142-15.
Finalmente, el sector social anunció un plan de lucha, iniciando el próximo lunes con el depósito ante el Tribunal Constitucional, de un recurso de revisión en contra de la sentencia del TSA, cuya sentencia deja en el limbo el reclamo de un pacto eléctrico legal, democrático y consensuado; además de denunciar ante instancia internacionales las referidas violaciones, al tiempo de reiterarles, al presidente Luis Abinader y al señor Rafael Toribio presidente del CES, que salven el pacto, sometiéndolo a la legalidad e institucionalidad.
