SANTO DOMINGO. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) presentó un diagnóstico detallado sobre la situación fiscal del país y las prioridades para asegurar un crecimiento económico inclusivo y sostenible de cara a una potencial reforma fiscal.
En un conversatorio con miembros de la prensa encabezado por el presidente Celso Juan Marranzini y el vicepresidente ejecutivo César Dargam, y que contó con la presencia de José Mármol vicepresidente Ejecutivo Comunicaciones Corporativas del Banco Popular, y Christy Luciano, vicepresidenta de Comunicación de Grupo Universidad, los altos directivos del Conep destacaron que, aunque la República Dominicana ha logrado importantes avances en términos de estabilidad política, diversificación económica y crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB), aún enfrenta desafíos significativos que deben ser abordados mediante una reforma fiscal integral.
Entre estos retos figuran la baja eficiencia recaudatoria, un aumento del gasto corriente en detrimento del gasto de capital y la necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a sectores clave como la educación y el sector eléctrico.
El Conep ha planteado una serie de pilares fundamentales para guiar la discusión de un Pacto Fiscal, entre los que se incluyen:
El presidente del Conep, Celso Juan Marrinzini, señaló que la reforma fiscal no debe verse solo como un reto, sino como una oportunidad para impulsar al país hacia una mayor prosperidad. «Este ejercicio fiscal puede catapultar al país, que ya está en una posición privilegiada si se maneja de la mejor manera posible», expresó.
Marranzini señaló que en comparación con muchos países de la región, la República Dominicana ha demostrado una notable estabilidad política y social, así como una diversificación económica que le ha permitido afrontar mejor las crisis globales recientes. Sin embargo, otros países de América Latina, con modelos de desarrollo menos sólidos y altas presiones sociales, han visto cómo estas crisis han exacerbado las deficiencias estructurales de sus economías.
En este contexto, el Conep aboga por una reforma fiscal que aborde tres grandes bloques de temas: la salud de las finanzas públicas, la reducción de la deuda y la mejora del gasto público.
El presidente Luis Abinader ha hecho hincapié en la necesidad de avanzar en este ámbito, y el Conep respalda esta iniciativa con el objetivo de generar un entorno más favorable para el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de oportunidades para todos los dominicanos.
En tanto que César Dargam, señaló que a pesar de la propuesta de la Estrategia Nacional de Desarrollo no se han alcanzado las metas tributarias proyectadas. Recordó que el documento plantea un aumento de la presión tributaria hasta alcanzar el 24% para 2030.
Uno de los principales problemas que enfrenta la República Dominicana es la baja eficiencia en la recaudación tributaria. El Conep destacó que la recaudación efectiva del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) es de apenas 34 centavos por cada peso que potencialmente podría recaudarse, lo que coloca al país en la última posición en términos de eficiencia recaudatoria en América Latina. El ITBIS, que representa más del 40% del gasto tributario del país, es una pieza clave en el sistema impositivo dominicano, pero la evasión, el contrabando y la informalidad han impedido que el Estado pueda recaudar lo que le corresponde por ley.
De acuerdo con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), la República Dominicana recauda menos de la mitad de lo que debería del ITBIS en comparación con otros países de la región, como Paraguay, donde se recaudan 70 centavos por cada peso potencial. Esta brecha es considerable, y según el Conep, cualquier discusión sobre un pacto fiscal debe incluir un enfoque firme en mejorar la eficiencia recaudatoria y combatir la evasión fiscal.
El análisis de coyuntura del Conep también destaca que la República Dominicana tiene la mayor eficiencia recaudatoria en América Latina en el impuesto sobre la renta de las empresas, donde se recauda el 62% del total potencial. Este dato positivo contrasta con las dificultades en otros sectores y demuestra que hay áreas donde el sistema fiscal ha logrado resultados satisfactorios.
El Conep también abordó el tema de los regímenes especiales de incentivos fiscales, que han sido esenciales para el desarrollo de sectores clave de la economía dominicana, como las zonas francas, el turismo y la industria cinematográfica. Sin embargo, la organización empresarial enfatizó que es hora de realizar un estudio profundo de costo-beneficio para determinar si estos incentivos siguen siendo viables y si su impacto justifica el costo fiscal que representan para el Estado.
Actualmente, más de la mitad del gasto tributario del país proviene de exenciones fiscales, con el ITBIS a personas físicas y las zonas francas como los mayores beneficiarios. Según el Conep, las zonas francas, que generan alrededor de 200,000 empleos y representan un 11% del gasto tributario total, han sido un pilar fundamental de la economía dominicana durante las últimas décadas.
El Conep señaló que otro de los grandes desafíos fiscales del país es la composición del gasto público. Tras la pandemia de COVID-19, el gasto corriente ha aumentado en tres puntos del PIB, mientras que el gasto de capital, que es crucial para la inversión en infraestructura y el desarrollo económico a largo plazo, ha disminuido en casi un punto. Este desequilibrio afecta la capacidad del gobierno para responder a las necesidades crecientes de la población y limitará el crecimiento económico futuro si no se toman medidas para corregirlo.
El sector eléctrico es uno de los ejemplos más preocupantes. Las pérdidas en el sector eléctrico, que ya eran alarmantes hace dos décadas, se han triplicado, según el Conep. Este problema estructural ha tenido un impacto directo en las finanzas públicas y debe abordarse junto con la reforma fiscal. Las transferencias al sector eléctrico, que representan una parte significativa del gasto público, son insostenibles a largo plazo si no se corrigen las ineficiencias y se implementan soluciones estructurales.
El gasto en educación es otro tema clave en la discusión fiscal. Desde la implementación de la asignación del 4% del PIB al sector educativo en 2013, el gobierno ha destinado más del 26% de las recaudaciones totales del país a este sector. Sin embargo, los resultados obtenidos no han estado a la altura de las expectativas. Por lo que destacó la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos educativos, sin reducir la asignación del 4%, pero haciendo un mejor uso de los fondos para asegurar una mayor calidad en la educación.
Además, el Conep sugirió que se debe revisar el destino de las asignaciones presupuestarias a otras instituciones vinculadas al sector educativo. En particular, se mencionó que algunas de estas instituciones, como el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, que reciben transferencias significativas del presupuesto de educación, deben ser reevaluadas para determinar si esos fondos están siendo utilizados de manera eficiente.
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