Conflicto con Haití: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?

Aunque no fue propiamente de su autoría, al fallecido general Colin Powell se le atribuye la doctrina militar que se conoce como “shock and awe” (chocar y atemorizar), según la cual al enemigo hay que impresionarlo con un despliegue abrumador de las fuerzas militares con el fin de neutralizarlo y obtener una victoria lo más efectiva y rápida posible. Un componente esencial de esa doctrina consiste en tener objetivos bien delimitados y una idea clara de cómo terminar y salir exitosamente del conflicto con el menor daño posible para las fuerzas propias. Siendo jefe de las Fuerzas Armadas Conjuntas de Estados Unidos durante la primera guerra del Golfo (agosto 1990-febrero 1991), el general Powell aplicó con gran meticulosidad esa doctrina, lo que le permitió lograr una de las pocas victorias militares contundentes de ese país desde la Segunda Guerra Mundial. En guerras posteriores, como la de Irak o segunda guerra del Golfo, por ejemplo, Estados Unidos se apartó de esa doctrina con consecuencias muy negativas para ese país, al igual que para el propio general Powell quien, esta vez como secretario de Estado, comprometió su reputación al alegar ante el Consejo de Seguridad de la ONU -lo que luego resultó ser falso- que Irak tenía armas de destrucción masiva que justificaban una acción militar en ese país. Igual puede decirse respecto de la guerra en Afganistán cuyo objetivo estaba en un inicio mucho mejor delimitado, aunque luego se perdió el sentido de lo que realmente se perseguía.

            Guardando completamente la distancia por tratarse de contextos y conflictos muy diferentes, puede decirse que el Gobierno dominicano procuró producir un efecto de “shock and awe” frente a Haití cuando decidió cerrar las fronteras terrestre, aérea y marítima con ese país, suspender el comercio bilateral entre las dos naciones y hacer un despliegue de fuerzas militares para ser posicionadas en la línea fronteriza. El objetivo parecía claro y lógico: hacer que los haitianos (autoridades oficiales y agentes privados) suspendieran la construcción de un canal (más bien un trasvase) de agua en el lado haitiano del río Masacre que, según el alegato del Gobierno dominicano -correcto, debe decirse- viola el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje entre la República Dominicana y la República de Haití del 20 de febrero de 1929, el cual dispone que: “En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio de otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas Altas Partes Contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas”.

            Como suele suceder en cualquier proceso de tipo político, militar, económico o de otra naturaleza, los efectos de las acciones humanas no siempre reflejan lo que se ha diseñado o planificado, ya que no existe una relación causal perfecta entre la voluntad humana y los objetivos deseados. La contingencia, lo imponderable o lo imprevisto juegan un papel importante en los procesos humanos, lo que trae como consecuencia que los estrategas, con el fin de alcanzar sus objetivos que siempre deben ser el norte de su accionar, están llamados a reconsiderar los nuevos escenarios para hacer los ajustes que la razón, los intereses propios y los condicionantes de una coyuntura determinada le dicten. Esto así pues no siempre la “doctrina Powell” se concretiza de manera infalible.

Quiérase o no, las medidas adoptadas por las autoridades dominicanas no han dado el resultado esperado. Más bien podría decirse que tuvo un efecto contrario, pues en lugar de obtener que los haitianos suspendieran la obra y volvieran a la mesa de negociación, lo que ha ocurrido es que estos han reafirmado su voluntad de seguir adelante, incluyendo las autoridades del Gobierno haitiano que pasaron de tener una posición ambivalente respecto de la idoneidad y viabilidad de la obra a defenderla de manera vehemente en el escenario internacional, como hizo el primer ministro Ariel Henry en la Asamblea General de la ONU. En términos simbólicos, el conflicto ha servido como factor unificador de la población haitiana, lo que no parecía ser el caso en un inicio.

De nuestra parte, la medida de cierre de fronteras y suspensión del comercio bilateral está afectando sensiblemente a productores y comerciantes dominicanos que participan de ese comercio. Esto es, en lugar de cumplir el objetivo deseado, dichas medidas están causando efectos negativos sobre personas que no tienen responsabilidad alguna en ese conflicto y que, por demás, tienen un interés legítimo que debe ser tomado en cuenta en el proceso de toma de decisiones.

Por supuesto, no se trata de abdicar ahora del reclamo de un derecho legítimo que tiene la República Dominicana frente a Haití, sino de repensar integralmente la estrategia con miras a hacer más fuerte y sostenible la posición dominicana frente a cualquier escenario, ya sea en la opinión pública internacional, ante un proceso de mediación o en un arbitraje internacional. Es tiempo de que República Dominicana active las opciones legales que tiene sobre la base del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje entre los dos países, que es una manera también de reivindicar no solo su razón legal, sino también su fortaleza moral frente a las acciones unilaterales e inconsultas por parte de Haití. Replicar con acciones similares de nuestra parte no necesariamente nos ayudará en el mediano y largo plazo.

Está claro que no hay lugar a devolverse en este conflicto, lo que implica que la República Dominicana debe estar lista, técnica y jurídicamente, para defender su posición eventualmente ante un tercero neutral para que sean el derecho y la razón la base de la resolución de este conflicto entre estas dos naciones. Para avanzar en esa dirección no hay necesidad de penalizar a productores y comerciantes dominicanos que tienen en la relación comercial bilateral su espacio legítimo de actividad económica y sustento de vida, pues no es cierto que ese mercado pueda sustituirse de la noche a la mañana.

Pensar que un sector, por mayoritario que sea, es portador de la verdad absoluta y que cualquier diferencia constituye una traición a la patria no contribuye a un diálogo constructivo entre los actores relevantes -políticos, sociales y económicos- que dé lugar a un verdadero consenso, esto es, el que nace de la deliberación y la argumentación entre múltiples actores legítimos cuyos intereses y perspectivas deben tomarse en cuenta en la definición del interés nacional. Estamos ante un conflicto extremadamente delicado cuyo manejo requiere no sólo la pasión imprescindible cuando se trata de defender la nación, sino también la razón informada, la mesura, la frialdad en el examen de las opciones y la agudeza estratégica con una visión que trascienda el corto plazo.