SAN CRISTÓBAL.- A la espera de que hoy la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal conozca la medida de coerción están los 14 implicados en la supuesta red de lavado de activos denominada Operación Larva, vinculado a una organización de narcotráfico, que movilizó más de RD$500 millones mediante negocios.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión como medida de coerción contra los imputados del caso Larva y que se declare complejo el proceso.
En la instancia de solicitud de medida de coerción, el órgano de persecución penal afirma que la poderosa estructura criminal ha generado daños al sistema político y económico, creando una estructura económica y de violencia, con ramificaciones políticas pocas veces vista en la región.
En tanto, el abogado Francisco García, aseguró que no hay elementos de prueba, ni intelectual ni material, que vinculen a su defendido Rusber José Suarez Díaz (Ojitos) en la Operación Larva como se señala el Ministerio Público.
Mientras espera el inicio del conocimiento de medidas de coerción en contra de Suarez Díaz y otras 13 personas señaladas por la investigación, confía en que la jueza de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal deje en libertad pura y simple a quien señaló como un mediano empresario.
De su lado, el abogado Yery Castro, representante Luis Jiménez, otro de los implicados en la operación Larva, aseguró que las pruebas presentadas hasta el momento no representan responsabilidad penal para su cliente.
En tal sentido entiende que no se logrará la petición de prisión preventiva que pide el órgano acusador.
El Ministerio Público establece que los 14 implicados en la red desmantelada mediante la operación Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala, y que incurrieron en hechos de sangre con el propósito de garantizar esas operaciones y mantener el control.
Además de obtener ganancias a través de actividades del crimen organizado en el sector inmobiliario, y alegadamente utilizaban a familiares de los principales miembros de la estructura y compañías fantasmas, para adquirir inmuebles suntuosos en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, así como también vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre.
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