SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público dio a conocer los rostros de los principales implicados en la Operación Gaviota, quienes están siendo acusados de un fraude que asciende a 200 millones de pesos.
De acuerdo al expediente del órgano persecutor, al menos ocho personas y 15 empresas están vinculadas a la supuesta red de fraude.
Las personas vinculadas son: Rafael Martínez Batista, Eridania García veloz de Martínez, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, Rafael Martínez Colón, Junior Ariel Espinosa Martínez, Carlos Manuel Jiménez Maurio, William Félix Esquea D’ Óleo y Lucia Martínez Colón.
Mientras que las empresas que figuran son: IXI Intermencom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPEES), Investor Winner IW S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L., Gratia Plena S.R.L., Ghanima Corporation S.R.L., Taufik Investments S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva S.R.L., Inmobiliaria Luz del Ángel S.R.L., y Antoni Carpio y Construcciones S.R.L.,.
La red captó, a través de la firma Investor Winner, más de 3,000 millones de pesos operando un esquema fraudulento de operaciones bursátiles con las que prometía un rendimiento mensual de entre 10 % y 30 %.
Por el caso, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para este sábado el conocimiento de la medida de coerción.
La red utilizaba Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas.
La red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas. Prometían rendimientos inusualmente altos y prácticamente imposibles de cumplir, atrayendo a los inversores potenciales con promesas de ganancias extraordinarias y seguras, mucho más allá de lo que se puede obtener en inversiones legítimas.
Por igual, los imputados reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real es menor al 15% de lo captado.
Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales. Los estafadores usaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron antes, mostrando una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.
Hacían creer a los estafados que contaban con los permisos de las autoridades reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos, información que fue desmentida por estos órganos.
Para contaminar la investigación y ocultar rastros, cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país.
Como es común en estos esquemas fraudulentos, estas acciones delictivas han dejado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros, algunos hasta hipotecaron sus casas y otras propiedades para colocar todo su patrimonio en Investor Winner.
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