Consenso, racionalidad política y reforma constitucional

Entender la esfera social y política (en la que gravitan intereses, aspiraciones, ambiciones, emociones y muchos otros elementos) supone una reflexión más allá del facilismo. La lógica jurídica no explica las dinámicas del poder. Su motivo es otro y tiene más que ver con la resolución de conflictos a través del Derecho como sistema. Para entenderlo no hace falta ir muy lejos. Basta con mirar hacia cualquier ley o política, por sencilla que parezca, y evaluar la complejidad de intereses que pujan por su aplicación o incumplimiento. La correlación de fuerzas alrededor de la temática y no el hecho de ser ley, deciden la capacidad del Estado para imponerla. Y es que la institucionalidad de un país es el fruto de su realidad política y social.

La reforma constitucional para permitir una única reelección tiene que ver con la (criticable o no) ambición de los políticos por lograr y mantener el poder. Sin embargo, la razón por la cual en nuestro país (y en otros) se han visto cambios constitucionales “para beneficiar al mandatario de turno”, no se limita a esa ambición. Como señala Oscar Oszlak, citando a Gramsci, “las partes de una organización solo pueden combinarse en ciertas proporciones fijas. Un cambio en uno de los componentes determina la necesidad de hacer ajustes hasta lograr un nuevo equilibrio.” Para esta readecuación, siempre necesaria, es imposible obviar uno de los elementos que explican el modo en que se producen los cambios: la racionalidad política. Para entender esto basta observar el modo en que se dispuso el entramado político en el año 2010, como consolidación del consenso leonelista. Un grupo de expertos en materia constitucional definió la Constitución que la correlación de fuerzas político-sociales y los acuerdos tácitos e implícitos hacían posible. Pero el establecimiento de este sistema que se consideró deseable por los actores públicos del momento se distanció en algunos puntos de la conjunción de consensos planteados. Así, para aprobar la Constitución y determinar el poder específico en el reparto (la política siempre incluye transacción) se obvió el parecer de la sociedad planteado en una consulta popular.

Para Oszlak, “los planificadores fracasan habitualmente porque pretenden, aunque no lo planteen así o no sean conscientes de ello, influir un juego –la política- que se rige por reglas diferentes (a lo técnico)”. La lógica de lo político tiene poco que ver con la neutralidad, la racionalidad y la certidumbre que plantea la planificación. Así, la planificación al tener limitado poder en quienes operan el sistema, tiene poca capacidad para la materialización. Entonces, el fracaso de la planificación suele ser el éxito del propio sistema, porque este no se da bajo la formulación teórica y abstracta, sino desde la interacción de fuerzas e intereses en la sociedad.

Así, la legitimación retórica de la Constitución de 2010 que convierte al Estado dominicano en uno Social y Democrático de Derecho, encuentra trabas en la realidad, debido a la imposibilidad de consensos para lograrlo: escaso desarrollo político y social planteado en esquemas que hacen impracticable la materialización de este modelo estatal. Ignora la realidad fáctica del modo en que opera lo político y por tanto imposibilita su concreción. Lo mismo pasa y pasará con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Para Oszlak la planificación pretende “cosificar” la complejidad de una trama de interacciones. Es decir, busca reducir a elementos técnicos y racionales lo que es el fruto de la interacción social y política donde hay conflicto, negociación y acuerdos. Una cosa es el deber ser y otra muy distinta el poder ser. Para que el deber ser se concrete debe hacerlo por las vías habilitadas en la realidad. Así, la racionalidad política se entiende como el fruto de la interacción o intercambio. “La negociación constituye el mutuo ajuste de demandas entre individuos y grupos en competencia”. No hablamos exclusivamente de grupos político-partidarios (que son actores principales), sino también de los legítimos intereses de los distintos sectores y actores de la sociedad. Por esto podemos afirmar que toda decisión política (por su sentido e impacto colectivo) se fundamenta en el consenso (que como establece Mario Riorda, no es unanimidad y fomenta la capacidad de cooperación de las partes, a pesar de sus perspectivas en conflicto). La coordinación que pare las estructuras es el resultado de transacciones políticas y no del diseño previo. Entender esto permite visualizar el fracaso en la aplicación de la mayoría de las leyes o políticas cuyo cumplimiento está sujeto a la existencia de consensos adecuados entre realidad, agentes e intereses (es decir, a la complejidad de lo social).

El consenso consolidado en 2010 fruto del denominado “Acuerdo de las corbatas azules” quedó sin legitimidad suficiente al perder vigencia y respaldo popular sus principales actores: Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. El resultado de esos acuerdos (la no reelección, entre ellos), que parte de obviar los humores sociales expresados en la “Consulta popular”, no puede mantener su equilibrio. Sin embargo, para cambiar este consenso es necesario tomar en cuenta la realidad fáctica. Por eso se producen acuerdos que condenan a que los cambios políticos vayan más acordes al modelo incremental (de pasos cortos), pues son el resultado de la correlación de fuerzas políticas y sociales. La gran lección de la actual coyuntura es que los acuerdos que no son validados por el consenso no pueden ser sostenibles en el tiempo.