¡Cuántas injusticias se cometen en nombre de la democracia! Se entiende perfectamente lo que persigue la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) con su propuesta de que el Congreso Nacional modifique el artículo 45 de la Ley 87-01 para aumentar en cinco años el tiempo reglamentario para que un trabajador pueda tener derecho a una pensión.
A pesar de que esa entidad asegura que su interés es de aumentar la pensión que recibirá cada trabajador envejeciente, en honor a la verdad lo que quiere es que nunca les llegue ese derecho ganado a bases de un esfuerzo de tantos años, mucho menos que puedan disfrutarla.
Si eso no es un crimen, poco faltaría para que lo sea. Las AFP proponen que no sean 60, sino 65 los años cumplidos para optar por una pensión. Sobre el particular, prácticamente el país entero rechaza esa propuesta.
La Ley 87-01 establece en su artículo 45, que trata de la pensión por vejez, haber cumplido 60 años para gozar de la misma. Pero el asegurado deberá haber cotizado durante un mínimo de 360 meses (igual a largos 30 años), o haber cumplido 55 años y acumulado un fondo que le permita disfrutar de una jubilación superior al 50% de la pensión mínima.
Ese articulado establece asimismo que la pensión por vejez comprende la protección del pensionado y de sus sobrevivientes, lo que aún está por verse.
El propio organismo regulador de las AFP, la Superintendencia de Pensiones, a través de su incumbente Joaquín Gerónimo, asegura no está de acuerdo con la propuesta de aumentar en cinco años la edad para pensión, por entender es una decisión personal del afiliado, si es que quiere retirarse a los 60 años, o seguir trabajando.
Como está la situación en este país, un trabajador con seis décadas a cuestas ha perdido gran parte de lo más preciado de un ser humano: su fuerza de trabajo, sin lo cual ya no puede considerarse una persona útil a la sociedad. Después de cumplir 65 años, una persona que se pase la vida entera trabajando ve multiplicados sus achaques de salud y, por ende, estará más cerca de la tumba.
Ahora la ADAFP viene con una burla a este pueblo. Y quiere impedir a como dé lugar que los trabajadores tengan derecho a disfrutar de una miserable pensión.
En todo caso, solo tendrá derecho a pensión mínima en caso de cesantía por edad avanzada, cuando el afiliado quede privado de un trabajo remunerado, haya éste cumplido 62 años y acumulado un fondo que le permita una pensión igual o superior a la pensión mínima.
El Congreso Nacional, en específico el Senado, a donde ha ido a parar la propuesta de las AFP y donde se deberá adoptar una decisión, tendrá que ponerse los pantalones largos y rechazar de plano el abuso que se pretende cometer.
Todos los sectores nacionales deben hacer acto de presencia en el Palacio Legislativo, a fin de pronunciarse y de manera mancomunada enarbolar un ¡NO! rotundo a las pretensiones de las AFP.
Y en esto deben llevar principalía los gremios que representan a los trabajadores.
Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, y que ha publicado la prensa escrita, las ganancias de las AFP crecieron en un 56% durante el primer semestre del año 2013.
La institución oficial dio cuenta también que hasta noviembre de 2013 las AFP sumaron una afiliación total de 2,866,790 afiliados, que con sus cuentas de capitalización individual son dueños de un patrimonio total de 222 mil 874 millones de pesos en los fondos de pensiones.
“Los fondos siguen creciendo, por tanto ese porcentaje fijo que ellos (las AFP) proponen va a incrementar cada año los valores que ellos cobran, lo único es que ellos lo plantean de una manera compleja, para que el común de la gente no lo entienda”, declaró recientemente el diputado Ramón Cabrera, presidente de la Comisión de Deuda de la Cámara Baja, y autor de la propuesta de modificar la Ley 87-01, que reduce de 30 a 15% la comisión por administración que cobran las AFP, y que, por ende, busca reducir sus ganancias.
Al respecto, el economista Arismendi Díaz Santana, experto en seguridad social, consideró que la comisión de un 30% que cobran las AFP conlleva a una alta ganancia, pero afecta la acumulación de los fondos de pensiones y la posibilidad de que los trabajadores sumen lo suficiente para recibir una pensión digna al momento de su retiro.
En este complicado tema, las opiniones de los trabajadores deben primar por encima de los intereses de empresas que solo persiguen acumular mayores ganancias, sin tomar en cuenta las necesidades de este pueblo. Me atrevo a decir, que las AFP conspiran contra las más sanas intenciones del pueblo dominicano.