Es cierto que las redes sociales han jugado un papel extraordinario para servir de canal para el ejercicio de la libertad de expresión o de veeduría ciudadana, pero al mismo tiempo acarrean otros males como el inmediatismo, la banalidad, la ligereza, la falta de templanza, entre otros, que están provocando que algunos reduzcan su visión a lo que en estas circula, sin profundizar ni investigar, ni detenerse a pensar que al igual que otros medios están expuestas a la manipulación de la información.
Aunque generalmente se critica la falta de seguimiento de nuestras autoridades a las políticas públicas y de cumplimiento de promesas de campaña, es justo reconocer que esta falencia no se da únicamente en el sector público, sino que la propia sociedad se deja envolver en la cotidianidad y olvida reclamar que se haga hoy, lo que evitará un mal peor mañana.
Los trabajos congresuales de la primera legislatura del año concluyeron con una larga lista de pendientes, aunque afortunadamente con un final feliz, por el giro positivo ocurrido en la Cámara de Diputados respecto a la ya aprobada ley de extinción de dominio, el cual fue el resultado de un ejercicio no solo de concertación sino de sensatez, al escuchar las críticas justificadas sobre aspectos fundamentales de una iniciativa que si bien algunos senadores tuvieron el mérito de impulsar con tenacidad, les faltó el raciocinio para comprender que por encima de la que pudiera ser su voluntad y la de muchos otros, o de las expectativas creadas respecto de sus objetivos, estaba la conformidad de esta con la Constitución.
Sin embargo salvo el seguimiento que hacen algunos medios de comunicación, parecería que la mayoría no está consciente de que el hecho de que esta legislatura haya finalizado sin conocer y aprobar las modificaciones a las leyes 13-18 y 15-19 de partidos políticos y régimen electoral propuestas por la Junta Central Electoral, puede hacer inviable su aplicación en los comicios del año 2024, y que se repitan lamentables situaciones vividas en los pasados procesos precisamente por la aprobación atropellada de estas. Paradójicamente serán las mismas personas que mañana exigirán más control, más fiscalización y sanciones a los delitos electorales, sin darse cuenta que para lograrlo hay que hacer esta tarea a tiempo.
Otro proyecto de ley que requiere ser conocido y debatido con urgencia es la modificación a la Ley 340-06 de contrataciones públicas, pues como ha quedado harto demostrado en las acusaciones de corrupción que han sido sometidas por el Ministerio Público, y en las muchas denuncias investigadas hace años por periodistas responsables, este instrumento legal necesita una profunda modificación, no solo para hacer más eficaces los controles y remediar sus muchos vacíos y vulnerabilidades, sino para sancionar adecuadamente sus incumplimientos.
Dentro de las reformas que tiene pendiente el Congreso y que asumió el compromiso de aprobar, está la de la Ley 87-01 de Seguridad Social, la cual, aunque es necesaria y esperada, se duda de las reales posibilidades de alcanzarla por los muchos intereses que pueden impedirlo. Y precisamente ahí es que tiene que actuar la ciudadanía responsable, que no se limite a expresar inconformidades o hacer ataques, sino a contribuir a crear una opinión pública firme que logre hacer comprender a las autoridades que salud y pensiones son temas prioritarios que requieren atención racional a tiempo.
Debemos crear conciencia de que en vez de dejarnos atrapar por los temas que otros pongan en agenda montándonos en olas que morirán en la orilla, hay que actuar para poner en el debate los temas que realmente importan y darle seguimiento sin desfallecer hasta alcanzar el objetivo, puesto que en tiempos de contemporización como estos, las autoridades que ya han dado muestras de saber escuchar, buscarán hacer lo que la población les haga sentir que cuenta más para ella, o evitar aquello por lo que entiendan está dispuesta a pasarles factura.
