Contra la corrupción

El pasado viernes se celebró el Día Internacional contra la Corrupción. De existencia tan remota como la llamada “profesión más antigüa” del mundo la disimulada frase con que se encubre toda una más cruda referencia al comercio sexual, vale señalar que esta se encuentra presente en todas las sociedades en mayor o menor medida. Y de igual modo que no es un mal que se concentra exclusivamente en el ejercicio de las funciones públicas sino que también aqueja las actividades privadas, en muchos casos asociadas a quienes desempeñan aquellas.

¿Cuál es entonces el factor que marca la diferencia entre sociedades donde los niveles de corrupción resultan mínimos y excepcionales y otras donde, en cambio, proliferan al punto de convertirse en una práctica generalizada? La distinción radica y la definen dos palabras contrapuestas: sanción o impunidad.

Aquellas sociedades en que para enfrentar la corrupción pública, privada y asociada, se establecen mecanismos de control y contención y es perseguida y sancionada ejemplarmente, son mínimos sus niveles e infrecuentes los casos. No ocurre así, en cambio, en aquellas otras donde son escasos o ineficientes los mecanismos de prevención y prevalecen la permisividad e impunidad, corrompiendo y convirtiendo en autora o cómplice de manera progresiva todo el tejido social.

Es, en gran medida, nuestro propio caso, en que los contados expedientes sometidos a la Justicia por esta razón quedan envueltos en una espesa madeja de subterfugios y complicidades que los aprisionan impidiendo que se puedan despejar posibles responsabilidades y aplicar las sanciones de lugar. Tal como advierte el respetado obispo auxiliar de Santo Domingo, monseñor Víctor Masalles, parece prevalecer una norma de compadreo culpable, en que funciona la tapadera mutua, “hoy yo por ti y mañana tu por mí”.

Casos de larga data duermen sueño eterno en el dilatado camino de las instancias de justicia. Algunos botones de muestra: el expediente del INDRHI iniciado años atrás y del que no se ha hablado más; el del Semma, el seguro de salud de los maestros, donde se volatilizaron cientos de millones de pesos y se asegura que los principales

responsables no figuran en el expediente acusatorio; el escandaloso de la compra de los Tucanos, en que igualmente solo guarda prisión preventiva el coronel Piccini, sobre el que carga todo el peso de la culpa, marcado como el “hombre del maletín”, que transportó los casi cuatro millones de dólares que sirvieron para ablandar conciencias y quien ha dicho y repetido públicamente que la Procuraduría contra la Corrupción sabe las teclas que hay que tocar sin que la misma se de por aludida tal como no parece darse por enterada de la directa imputación que le hace la presidenta de la Cámara de Cuentas de no haber puesto en marcha los correspondientes procesos en al menos veinte auditorías que se le han remitido en las cuales los auditores han detectado serios indicios de graves irregularidades de carácter penal.

La lista continúa con la OISOE, de cuya amplia agenda de obras públicas, muy ajenas a sus funciones de supervisión, le acaban de sustraer la construcción de escuelas, con varios posibles escándalos a cuestas, los más notorios el del Darío Contreras y la denuncia de once firmas suplidoras de la arbitraria asignación de suministros de laboratorios clínicos por más de cien millones de pesos a una sola empresa, hecho que se encuentra bajo comprobación de la Dirección de Compras y Servicios del Estado; el de INAPA, donde cursa una denuncia similar de favoritismo en el otorgamiento de obras pero en que la cifra involucrada se hace ascender a mil millones y la propia Administración de Justicia con la red de jueces dedicados a la venta de sentencias, dentro de una lista bastante más extensa acumulada a lo largo de muchos años de corrupción pública y privada arropada de impunidad.

Recordamos por nueva vez al finado Miguel Cocco, quien desafiando las limitaciones de sus ya precarias condiciones de salud, dejó huella de gestión transparente al frente de las Aduanas, cuando en más de una oportunidad advirtió que “la corrupción era la principal causa de la pobreza en el país”. No exageraba.

Recién conocida la última evaluación del Foro Económico Global, donde aparecemos como el octavo país más corrupto entre 130 analizados a nivel mundial. No es como para sentirnos orgullosos, mucho menos indiferentes. Esa penosa calificación nos coloca ante la apremiante necesidad de tratar de mejorar sustancialmente nuestro posicionamiento en esa importante medición, con tanto empeño como el esfuerzo que tenemos que hacer, principalmente en la preparación de nuestro muy deficiente plantilla docente, para salir del bache educativo en que llevamos sumergidos desde hace tanto tiempo y lograr el ideal de una educación de calidad, necesaria como base para conformar una mejor nación.

Son dos de los retos más importantes que junto al de la Seguridad Ciudadana, enfrenta el gobierno del Presidente Danilo Medina en esta segunda etapa de su gestión y de cuyos resultados pudieran depender los de las elecciones en el 2020, que definirán la continuidad o la salida del poder del partido morado.